Sombras sobre la nueva tarifa regulada para calderas comunes: la norma tiene lagunas y se teme una marea inasumible de instalaciones

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes la creación de una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas natural. La idea es que estos ciudadanos puedan beneficiarse de una rebaja en el precio de la que ya pueden disfrutar quienes tienen calefacción particular. La medida venía siendo reclamada por los administradores de fincas desde hace tiempo. Estos profesionales valoran por tanto de manera positiva su implantación, pero remarcan que llega con "lagunas y puntos abiertos a la interpretación" y demasiado ajustada en el tiempo. 

"Llevamos meses detrás del Gobierno, del central y de los autonómicos, por diferentes motivos, y uno de ellos era este: saber qué plan de contingencia tenían para las comunidades de propietarios frente a la situación que se avecinaba", señala Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe). En las regiones más frías, la caldera normalmente ya se ha encendido para estas fechas y a estos profesionales les hubiese gustado tener los acuerdos al menos en julio para poder ir cumplimentando los requisitos administrativos que se van a tener que cumplir para el acceso a la nueva tarifa. 

La primera de esas condiciones es la instalación de contadores individuales. A partir de mayo de 2023, por la transposición de una normativa europea, los vecinos con calefacción central deberían contar con ellos, así como con válvulas de cierre en cada radiador. Quedan fuera de esa obligación los bloques construidos después de 1998, a lo que se suma otra excepción. El decreto que regula esta cuestión estima unos ahorros del 20% por edificio si se colocan estos sistemas, y teniendo en cuenta ese ahorro, si en cuatro años no se logran amortizar pueden no ponerse. De esta forma, en la práctica, el porcentaje de comunidades que los han instalado no llega ni al 30%. Es decir, de 1,7 millones de hogares, unos 400.000. 

Haciendo un cálculo aproximado, en un inmueble con 20 propietarios en los que cada uno tiene diez radiadores, esa instalación puede ascender a unos 1.200 euros por hogar. "La calefacción cuesta unos mil euros al año. Si el ahorro es de un 20% hablamos de 200 euros. Por lo tanto, necesitas al menos seis años para amortizar la inversión", aclara Abascal. 

Con la nueva tarifa, el Gobierno estima rebajas de hasta el 50% en los recibos, lo que promoverá la colocación de esos contadores, y que las empresas instaladoras vivan una "avalancha" de peticiones. "Ahora no hay ni repartidores de coste, ni válvulas termostáticas ni personal que los pueda montar", advierte Abascal. No obstante, en este caso basta con que la comunidad se comprometa, a través de un documento firmado -una declaración responsable-, a acometer el cambio antes de octubre del año que viene. Si lo hace podrá acogerse a la conocida como TUR4 desde este mismo invierno, pero el Ejecutivo ha avisado de que si finalizado el plazo no se han materializado ese compromiso, parte de la subvención deberá ser devuelta.  

Otro de los requisitos consiste en haber pasado la inspección de eficiencia energética y tener al día la revisión de la caldera, que debe ser realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA), y estas entidades corren igualmente el riesgo de verse desbordadas. "Ahí tenemos una laguna. Nos hemos sido capaces de encontrar en el decreto si existe algún plazo para acometer esos trámites", comenta el presidente del Cgcafe. 

También ha quedado abierto a la interpretación, según el consejo, qué ocurrirá si la comunidad consume más gas que los últimos cinco años. La norma determina que la tarifa regulada "se aplicará al consumo facturado que sea menor o igual a la media del mismo periodo de facturación durante los últimos cinco años o los años disponibles si su historial fuera menor". "Pero, si te pasas, ¿cómo te van a cobrar esos kilovatios de más? ¿A precio de mercado libre? ¿O habrá penalización? Yo creo que está claro que irá a precio de mercado libre pero había compañeros que me lo discutían. Y si me lo discuten ellos... eso puede provocar fricciones con la Administración", afirma Abascal. 

Este profesional anima a las comunidades de vecinos a acometer reformas de aislamiento e instalación de placas solares en los edificios, toda vez que pueden suponer un ahorro en la calefacción de hasta el 45%. La inversión inicial puede ser elevada, pero los fondos europeos permiten ahora subvenciones del 70% si se acomete una renovación completa. "A la gente le cuesta mucho pensar en hacer ese desembolso pero es el mejor momento", aconseja. Sería una buena forma de estar preparados en caso de futuras crisis.