Podemos redobla su apuesta para que la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sea una de las nuevas integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras las reservas que ha mostrado el PP hacia la jueza, a la que los populares acusan de estar politizada y, por tanto, no ser un perfil válido para formar parte del órgano de gobierno de los jueces, los morados se habían limitado hasta ahora a insistir en que no aceptarán vetos del PP. No obstante, este viernes fuentes de Podemos fueron un paso más allá y aseguraron que, si los populares no retiran su veto a Rosell, romperán la baraja y no firmarán ningún acuerdo para renovar la composición del CGPJ.
Las fuentes del partido consultadas aseguran que la elección como vocal del órgano de la magistrada "contribuiría a mejorar la calidad de nuestra democracia". El nombre de Rosell ha vuelto al primer plano de la actualidad en los últimos días por la entrada en prisión del juez Salvador Alba, precisamente condenado por conspirar contra la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cuando era diputada de Podemos, lo que la obligó a renunciar a ir en las listas moradas pese a que, posteriormente, las acusaciones contra ella presentadas por el exministro José Manuel Soria se demostraron falsas.
"Rosell es la mejor representación de lo que debería ser la justicia en nuestro país", sostienen fuentes de Podemos, que insisten en que no van a participar de ningún acuerdo en el que la jueza no esté entre los vocales elegidos. Para los morados, excluir a Rosell supondría "un reparto bipartidista" por el cual "PP y PSOE deciden quién está y quién no está en el máximo órgano de la justicia". En principio, y según lo que se está negociando, a Unidas Podemos le corresponderían dos de los nuevos 20 vocales del CGPJ, aunque lo cierto es que sus votos no son necesarios para renovar un órgano que puede ser elegido únicamente con los tres quintos de los votos en el Congreso que reúnen PSOE y PP.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha sido tan taxativa a la hora de defender la presencia de Rosell en el órgano como lo es Podemos. Este jueves, preguntada al respecto, Díaz se limitó a señalar que no va a desvelar el contenido de las negociaciones ni "en absoluto" a hablar de nombres, si bien también aseguró sentirse "optimista" con respecto a la posibilidad de que las negociaciones lleguen por fin a buen puerto. "Creo que saldrá adelante [el acuerdo] y cumpliremos con los mandatos constituciones", afirmó la vicepresidenta, que cargó contra el PP por el "bochorno" que supone que el CGPJ haya estado sin renovar casi cuatro años.
En esa línea, hay sectores de Unidas Podemos que no son tan tajantes como la cúpula del partido morado a la hora de defender la elección de Rosell como vocal del órgano. En todo el espacio existe unanimidad en que la jueza sería la mejor vocal que podrían nominar, pero también es cierto que algunos dirigentes abren la puerta a tener que buscar otro candidato si el PP sigue cerrando la puerta y la buena marcha de la negociación se pone en peligro.
El problema que explica estas dudas dentro de Unidas Podemos es que los morados son el actor más débil en estas conversaciones, porque PP y PSOE ya reúnen sin sus votos la mayoría de tres quintos requerida para renovar el CGPJ. Y, por ello, algunos sectores del espacio consideran que insistir demasiado con la candidatura de Rosell podría incluso hacer peligrar el acuerdo tácito para que Unidas Podemos cuente con dos asientos en el próximo órgano de gobierno de los jueces. No obstante, ningún dirigente se atreve a fecha de hoy a descartar ningún escenario, desde la ruptura de las conversaciones hasta que el PP termine transigiendo y aceptando a la jueza como parte del nuevo CGPJ.
El endurecimiento de la actitud de Podemos se produce en un contexto en el que la negociación, a diferencia de otras ocasiones, parece ir bien encaminada. Por ello, el PP ha sido más sutil que antaño a la hora de mantener su negativa a la presencia de Rosell en el CGPJ. En lugar de mencionar directamente a la jueza, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este jueves que el acuerdo para renovar el CGPJ solo será posible si se cumple el "requisito de la despolitización", lo cual implicaría -según quiere el PP- dejar fuera a "cargos públicos o políticos", pese a que la ley no establece ninguna limitación en este sentido.
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