Si UP no estuviera en el Gobierno, el PSOE no apoyaría la ‘ley trans’ tal como está redactada. Es a todas luces una cesión a sus socios que han hecho de esta cuestión un casus belli, particularmente la ministra de Igualdad Irene Montero, como compensación a otros aspectos, sobre todo, económicos, donde los socialistas han impuesto su mayoría. El asunto es complejo y la mayoría de la gente se pierde con el nuevo vocabulario, en el que para empezar se utiliza un genérico inespecífico, ‘ley trans’, que la ciudadanía asocia con una ampliación de los derechos de los transexuales, históricamente víctimas de una enorme discriminación, que sin duda es imprescindible revertir. Eso nadie lo discute, excepto la extrema derecha. Hay que recordar que España fue pionera en 2007 con una ley cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, susceptible de ser mejorada, y que el PP después no derogó. Pero ahora el ‘trans’ no habla tanto de la transexualidad, como de la ideología transgénero y el principio de libre autodeterminación. Con la nueva ley, cualquier persona podrá ir al Registro Civil y cambiar su sexo legal, sin requisito alguno, ni tan siquiera cambiar de nombre, siendo reversible pasados seis meses.

No se discute el derecho a hacerlo, sino las garantías médicas y los tiempos porque no estamos ante una decisión banal

El sexo, pues, pasa a ser un dato subjetivo, lo cual abre la puerta a la indefensión jurídica y a los fraudes registrales. Además, si aceptamos el principio de la libre autodeterminación en base a las vivencias subjetivas se produce un salto conceptual que podría extenderse a otras categorías sociales como la edad. Por qué razón no podría yo cambiar la fecha de mi nacimiento si me siento más joven o viejo y, a partir de esa premisa, exigir el derecho a una beca para jóvenes o a una pensión para personas de una determinada edad. Sin llegar a ese absurdo que por ahora nadie plantea, pero que subyace en el planteamiento, el transgenerismo de la ley pone en peligro a los menores. Al aceptar el autodiagnóstico de la persona que dice que su identidad no se corresponde con el sexo biológico, al no exigir ninguna intervención psicológica o psiquiátrica, la ley induce a transiciones rápidas en edades que convendría una mayor cautela porque los efectos de la hormonación o la cirugía son irreversibles y dejan secuelas. No se discute el derecho a hacerlo, sino las garantías médicas y los tiempos porque no estamos ante una decisión banal. Una persona que quiere cambiar de sexo no está enferma, pero sí sufre una disforia, por lo que requiere de un acompañamiento.

La ‘ley trans’ suscita un debate muy enconado porque no se limita a ampliar derechos a favor de las personas transexuales, sino que introduce la ideología transgenerista que niega la definición biológica de los sexos y dinamita el subjeto político del feminismo.