Los ayuntamientos piden más tiempo para implantar las zonas de bajas emisiones y el Gobierno espera que lleguen "antes de 2023"

A poco más de dos meses de que termine el año, es muy probable que la mayoría de los municipios de más de 50.000 habitantes no estén en disposición de cumplir a tiempo la ley que les obliga a poner en marcha zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de que llegue 2023. Este lunes, las costuras se han tensado un poco más después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se haya mostrado conciliadora pero también haya indicado que el Gobierno espera que lleguen a tiempo para poner en marcha unas restricciones a la circulación que sin cambios que sin moratoria deberán estar listos antes de que termine el año. Los alcaldes pidieron hace meses una prórroga y también exigen al Gobierno que apruebe el reglamento para cumplir con la ley porque sin él, afirman, no pueden replicar los modelos de restricción del tráfico que ya funcionan en Madrid o Barcelona.

"Hay que verlo eso de que no van a cumplir", ha dicho la ministra, que ha participado en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios (FEMP) que se clausurará este martes en Vigo. Sánchez ha advertido de que la competencia sobre las ZBE, el reglamento o una eventual prórroga es de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y hasta que ella se pronuncie, la titular de Transportes ha enviado un mensaje de confianza que no anticipa si se dará o no más tiempo a los alcaldes. “Los ayuntamientos están haciendo un gran esfuerzo por adaptar sus ciudades a los requerimientos del Plan Nacional de Energía y Clima, de la Ley del Cambio Climático, y se está trabajando desde el Gobierno, muy en concreto por parte del Ministerio de Transición Ecológica, para proporcionar herramientas para que las ciudades puedan cumplir los objetivos”, ha dicho.

Reglamento y más tiempo

A pocas semanas de que deban entrar en vigor las ZBE en 149 ciudades, este martes en Vigo se han palpado las dificultades para la mayoría de ellas de poner en pie una zona de bajas emisiones "antes de 2023", como estableció en mayo de 2021 la Ley de Cambio Climático. Allí se establecía la extensión de Madrid Central y los modelos que operan en Barcelona o en Valencia en todas las ciudades que tienen más  de 50.000 habitantes. "Antes de 2023" debían delimitar zonas donde se aplicarán restricciones de acceso, circulación y estacionamiento a los vehículos en función de su nivel de emisiones contaminantes.

Estas zonas no solo limitarán la entrada de vehículos contaminantes, sino que deberán facilitar formas de desplazamiento saludables para los ciudadanos, como ir en bicicleta o a pie a través de corredores verdes intraurbanos. La Ley de Cambio Climático también establece que se deberá garantizar la mejora y el uso del transporte público que tendrá que avanzar hacia su electrificación.

A pocas semanas de que venza el plazo, sin embargo, la mayorías de las 149 ciudades afectadas declaran ya que será muy complicado poder cumplir con una ley, sin embargo, todavía no se ha visto acompañada por un reglamento que les diga exactamente cómo tienen que poner en marcha una medida que los tribunales tumbaron en Madrid y Barcelona hasta dar con la versión final. Según El País, solo aseguran que llegarán a tiempo el 13% de las 149, es decir, 20 municipios.

Fuentes de la FEMP recuerdan que ya en julio se solicitó al Gobierno una prórroga más allá del finales de 2022, por dos motivos. El primero, que el propio Ejecutivo todavía no ha aprobado el reglamento que regulará la aplicación de la ley. Se trata de la "hoja de ruta" que deberán seguir todos los municipios con una población mayor de 50.000 habitantes y que debería concretar cuestiones que no quedan explicitadas en las exhaustivas directrices que publicó Transición Ecológica en noviembre del año pasado. Por ejemplo, el régimen sancionador para los conductores que accedan a la zona que se delimite sin tener autorización para ello.

En segundo lugar, los alcaldes esgrimen una cuestión de tipo burocrático. La creación de Zonas de Bajas Emisiones puede financiarse con el Fondo de Recuperación de la UE y en la FEMP aluden al papeleo y los plazos que también retrasan el proceso. "Todos están trabajando en ello, todos tienen planes pero están a la espera", apuntan en esta institución.

"Es imprescindible tener el decreto de desarrollo, lo necesitamos porque en él desarrollo es donde se van a dar las circunstancias concretas y las especificaciones concretas”, ha declarado Abel Caballero, presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, donde se ha inaugurado este lunes la Junta de Gobierno de la institución.

Sin indicar si se atenderá las peticiones de los alcaldes, Sánchez se ha limitado a afirmar este lunes que "se está trabajando desde el Gobierno para poder dar herramientas para que las ciudades puedan cumplir esos objetivos. Vamos a ser muy sensibles a esas cuestiones o esas dificultades que nos planteen los Ayuntamientos”.

2023, año electoral

La creación de estas zonas en las poblaciones de más de 50.000 se plantea también como una cuestión espinosa de cara a 2023, una año en el que habrá elecciones municipales. Según un Eurobarómetro sobre calidad del aire publicado este lunes por la Comisión Europea, restringir el acceso a los coches a determinadas zonas de las ciudades o cobrar tasas de congestión se encuentran entre las acciones contra la contaminación que menos aceptación tienen.

En concreto, la posibilidad de "introducir o mantener restricciones al tráfico en ciudades contaminadas, como tasas de congestión, zonas de bajas emisiones y restricciones de acceso", solo tiene el respaldo del 15% en España y del 16% en el conto de la UE.