La mujer que el pasado miércoles entró vestida de sanitaria al Hospital de Basurto y secuestró a un recién nacido, de nombre Aimar, para abandonarlo en un edificio de su barrio diez horas después ha quedado en libertad provisional sin medidas cautelares. La resolución de la jueza no parece haber contentado a nadie: ni a la Fiscalía, ni a la familia de la víctima, ni a la de la secuestradora de 24 años, al tiempo que ha generado debate en los medios de comunicación. No obstante, esta primera resolución de la magistrada que instruye el caso no significa que la imputada vaya a quedar libre de culpa, ya que tras la investigación lo más probable es que sea sometida a juicio, en el que se podría enfrentar a una pena de entre cuatro y seis años de cárcel, según el Código Penal.
La figura de la prisión provisional
La prisión provisional es una medida preventiva que se aplica a los casos en los que constan hechos que se penan con dos o más años de prisión. Este tiempo se reduce si el investigado tiene antecedentes no cancelados. Tal y como explica el presidente de la Audiencia Provincial de Coruña y especialista en Derecho Penal, Ignacio Picatoste, a 20minutos, "el fin de esta medida no es imponer una pena anticipada, sino evitar que se interfiera en la investigación". Para justificar la prisión preventiva se debe considerar que el hecho está "más o menos demostrado", que hay riesgo de fuga, de reiteración del delito, de destrucción de pruebas o de que se genere "algún peligro para la víctima o su entorno".
"En este caso parece que la pena posible justificaría el uso de la prisión provisional, pero hay un arraigo familiar y social, y ya no hay posibilidad de ocultar la fuente de pruebas porque el hecho ya está reconocido, y nada nos lleva a pensar que la investigada puede atentar contra la víctima ni contra sus padres", explica el juez a este medio.
La Fiscalía ha recurrido la decisión de la jueza, según ha informado El Correo, y la propia acusada ha solicitado el ingreso en un centro psiquiátrico. Otro juzgado se encargará del caso a partir de ahora, y según Picatoste, "a lo mejor" en el plazo de un año o año y medio se publica la sentencia, ya que "no parece un procedimiento complicado".
Posibilidad de entre cinco y seis años en prisión
Según el juez entrevistado, la pena que se podría esperar es de "entre cinco y seis años de prisión", en vista de lo que dicta el Código Penal en los artículos 163 y 165 en relación al delito de detención ilegal (secuestro) por el que se investiga a la joven bilbaína.
El primero de estos artículos dicta que la pena para el individuo que "encerrare o detuviere a otro" es de entre cuatro y seis años. "Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado", se puede leer en su segundo punto.
Esto podría llevar a pensar que la pena sería la mínima, pero al leer el artículo 165 se observa que "si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad" la pena que se debe imponer es la máxima. Ambas condiciones se dan en este caso, puesto que el secuestrado es un niño y la mujer se hizo pasar por sanitaria.
Las medidas cautelares
Preguntado al respecto de otras opciones preventivas que la jueza podría haber decidido ejecutar, Ignacio Picatoste explica que hay diversas "medidas cautelares" que se aplican en estos casos. "Es común que te quiten el pasaporte, que te impongan algún tipo de orden de alejamiento o que te hagan testificar varias veces al mes", ejemplifica el juez.
En casos de violencia de género, detalla, es muy frecuente que se apliquen órdenes de alejamiento cuando no hay prisión provisional. A través de estos mecanismos, se previene la obstrucción de la investigación en curso sin privar al acusado de su libertad, "y en caso de que este altere el desarrollo del proceso se le puede aplicar prisión provisional".
La jueza que se ha encargado del caso hasta ahora no ha considerado necesaria la ejecución de ninguna de estas medidas, pero multitud de voces se han mostrado contrarias a esta decisión.
La primera de ellas, la del padre del bebé secuestrado, que declaró este domingo que "es una vergüenza que puedas hacer cualquier delito y que te puedas quedar en la calle a las 72 horas". "En vez de ser libertad provisional, debería ser vigilancia provisional en un centro, aunque sea psiquiátrico, o en la cárcel", ha alegado el progenitor, que sí pedirá una orden de alejamiento.
Al margen de la opinión de la familia afectada, las redes se han llenado de opiniones al respecto, la mayoría de ellas tajantemente contrarias a la libertad preventiva de la acusada. Una circunstancia "inevitable", asegura Picatoste. "La opinión pública, lógicamente, va a estar ahí, pero no debe afectar al juez en su trabajo. Ya me lo enseñó un abogado hace mucho tiempo: al juez no se le discute, se le recurre".
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