El bloqueo que sufre la ley trans en el Congreso de los Diputados se acerca a su fin. El PSOE decidirá probablemente este martes no repetir la jugada de la semana pasada, cuando solicitaron una nueva petición de ampliación del plazo de enmiendas. Así lo confirman fuentes del Grupo Socialista, que avanzan que pese a que el partido terminará de fijar su posición a lo largo del día de hoy y puede haber cambios, lo "probable" es que no vuelvan a retrasar la tramitación parlamentaria del articulado y presenten sus propuestas, que en ningún caso pasarán por modificar el punto nuclear de la ley: la autodeterminación de género. Se centrarán así en la diferenciación de trato a las víctimas de violencia de género e intragénero.

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, una de las voces socialistas más críticas con el articulado de la ley, aseguró ayer en una conferencia en la Universidad de Zaragoza que lo que quiere su partido es que la norma sea "rigurosa, garantista y constitucional". Calvo augura que cuando la ley se apruebe, pasará por el Tribunal Constitucional porque será recurrida por "las derechas", por lo que su intención es que "cuando ocurra y llegue una sentencia", el tribunal no le diga "nunca" al PSOE "que no ha sabido interpretar correctamente la Constitución en una materia tan delicada".

La decisión de aplazar por quinta vez la tramitación de la ley trans reabrió viejas heridas entre los socios de Gobierno la semana pasada y fue el motor para que los de Unidas Podemos acusaran al PSOE de retrasar la norma con la intención de bloquear su tramitación. Para los morados, unirse al PP para prorrogar una semana más el plazo de enmiendas reflejaba una voluntad de los socialistas de forzar que una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad terminara por no salir esta legislatura. 

Ahora, a pocas horas de que venza el plazo de enmiendas (este miércoles), el departamento de Irene Montero urge al PSOE a que alce la mano y posibilite que la ley siga su curso parlamentario. "Es la única manera en la que los plazos permitirán aprobar la ley antes de que acabe el año", inciden fuentes del Ministerio de Igualdad. Según sostienen, en el Congreso hay una "amplia mayoría feminista" que respalda que esta ley esté aprobada al terminar este año 2023 para que los derechos de las personas trans no sufran "más retrasos".

Catorce comunidades ya reconocían la libre autodeterminación de género antes del debate de la ley trans

Con todo, fuentes cercanas a la ministra de Igualdad no saben hacia qué dirección va a ir dirigida la decisión de los socialistas. Tampoco les han ofrecido registrar enmiendas en conjunto, algo que sí han hecho los socios de Gobierno en otras leyes de Igualdad, como la del aborto. 

Las enmiendas que van a presentar los morados de forma individual, que no esperan comunicar hasta que no se acabe el plazo para presentarlas, irán más bien dirigidas a introducir aquellos aspectos que estaban en el borrador inicial y que se cayeron de la norma en el último momento. El reconocimiento de las personas no binarias, por ejemplo, o la ampliación de los derechos de las personas LGTBI en situación administrativa irregular son algunos de los puntos que intentarán luchar con sus enmiendas. 

Montero admite que a la Ley LGTBI le queda "camino por recorrer" y aspira a incluir a las personas no binarias

Por su parte, el PSOE ya avanzó que no tocaría ninguno de los pilares de la ley, pese a todo el revuelo que se ha reactivado en esta última semana en torno a la autodeterminación de género. Así lo marcó Moncloa, que tuvo que intervenir visto el conato de incendio que podía sufrir el grupo parlamentario. Sus reformas, pues, irán dirigidas a "dar seguridad jurídica" a la ley, modificando la equiparación de "ciertas violencias" con la de género, en lo referido al artículo 65.

Este precepto contempla que cuando haya una condena o una orden de protección por violencia familiar LGTBIfóbica o intragénero -en parejas LGTBI-, las víctimas tendrán los mismos derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género. "El legislativo puede mejorar la ley y hacerla más robusta ante esos ataques de los que son verdaderos enemigos de los derechos de los colectivos", defienden otras fuentes del Grupo Parlamentario Socialista.