La reforma del delito de sedición se cuela de lleno en las negociaciones de los presupuestos

Tarde o temprano, tenía que aparecer la reforma del delito de sedición en el contexto de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, PGE, más teniendo en cuenta que el apoyo a las cuentas del ejecutivo de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, es fundamental. Esta modificación fue uno de los principales puntos en la negociación y posterior voto afirmativo de ERC en la investidura de Pedro Sánchez, ya que el entonces candidato se comprometió a abordar el tema durante esta legislatura.

Sin embargo, en su momento solo hubo intención, y no concreción, por lo que ahora saltan las especulaciones en torno a cuál será el cambio definitivo en el código penal que se propondrá. Después de posibles aboliciones y penas simbólicas, esta semana le ha tocado el turno a reducir las penas a la mitad.

Ante la filtración de esta posibilidad, las reacciones no se han hecho esperar, y han manifestado sus posiciones desde el partido del gobierno hasta la oposición, pasando por partidos aliados, ministros, constitucionalistas e independentistas, sobre todo los republicanos catalanes.

Desde el partido del gobierno se han intentado frenar las especulaciones. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha enfriado una posible decisión inminente en este sentido señalando que el Gobierno no tiene la mayoría parlamentaria "suficiente" para llevar a cabo la reforma del delito de sedición en el Código Penal. En el mismo sentido se ha manifestado la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha apuntado que para la reforma del Código Penal hace falta mayoría absoluta y “parece bastante evidente que en este momento no se da".

Tanto Pilar Llop como el ministro de Cultura, Miquel Iceta, se han apresurado a desvincular la reforma del delito de sedición del apoyo de ERC a los presupuestos. El responsable de la cartera de cultura matiza que Sánchez se comprometió a una reforma del Código Penal que "homologue, entre otros, el delito de sedición al planteamiento que existe en otros ordenamientos jurídicos, lo que no tiene que ver con el debate parlamentario" de los presupuestos.

Vinculaciones implícitas

Esquerra Republicana, por medio de su portavoz, Marta Vilalta, no ha querido vincular explícitamente las negociaciones de la mesa de diálogo y las de los PGE, pero ha asegurado que "cuando todo va hacia adelante, todo es más fácil que siga hacia adelante". Sin embargo, fuera de los focos, los republicanos consideran que esa reforma del Código Penal y del delito de sedición, o un acuerdo al respecto, sería clave para generar la confianza necesaria para avanzar también en un posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez ha querido ser clara esta mañana y ha argumentado que "cuando hablamos de presupuestos podremos hablar de las partidas de becas, inversiones e incluso de las inversiones en Cataluña, pero no de esta otra cuestión, que es una carpeta distinta".

Respecto al recorte en las condenas del delito de sedición, Marta Vilalta tampoco ha querido ser clara , y tan solo ha indicado que “seremos muy exigentes en la línea de que el Código Penal respete los derechos humanos". En una aproximación a lo que se podría considerar una propuesta, Vilalta ha indicado que España debería fijarse en países como Francia, Alemania o Suiza, que rebajaron las penas por sedición a entre tres y cinco años hace ya décadas.

Esa armonización del Código Penal español con el de los países de su entorno, es también una de las líneas en las que parece trabajar el gobierno. Iceta ha hablado de "ajustar nuestra legislación a la de los países europeos", el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que es necesario adaptar el ámbito jurídico español al de los "países más cercanos" con los que se comparten "valores", y Elia Tortolero, portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC, ha recalcado que “siempre hemos mostrado nuestra predisposición a poder actualizar el Código Penal para adaptarlo a la normativa europea”.

Oposición frontal

Fuera de esta esfera, las reacciones han sido más plurales. Una de las más contundentes ante la posible reforma del delito de sedición ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "troceando" la "integridad" y la unidad de España, así como que está "hipotecando España para su perpetuidad" dándole "a los enemigos confesos de España los intereses del país". En la misma línea se pronunció ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien la reforma del delito de sedición supondrá "el mayor atentado a la igualdad y libertad en España".

Los hasta hace poco socios de ERC en el gobierno catalán, Junts Per Catalunya, se han mostrado más duros, y su secretario general, Jordi Turull, ha defendido la derogación del delito de sedición porque "la interpretación que hacemos de este delito es la persecución del independentismo, y no se debería penalizar a nadie por una manifestación pacífica".

En el punto medio se ha situado el líder de los Comunes en Cataluña, Joan Mena, que, al mismo tiempo que ha apostado por una negociación separada del los PGE y la reforma del delito de sedición, ha aplaudido que "las dos fuerzas políticas que no estaban a todas" defendiendo la modificación del delito de sedición, ahora sí lo estén, y se ha mostrado favorable a homologar la sedición en España a las legislaciones de las “democracias europeas”.

Inhabilitados y huidos

Actualmente, las penas por sedición son 15 años, pero si ese período se recortara sustancialmente tendría importantes consecuencias para todos los condenados por el 'procés' en Cataluña, de ahí el interés de las fuerzas independentistas en su modificación. Si la pena se recortara hasta los 6 años, el delito prescribiría a los 10 diez años, y si la condena bajase hasta los 5 años, la prescripción se reduciría hasta los 5 años.

En el caso de los independentistas condenados a los que se les perdonó la pena de cárcel, supondría acortar sus períodos de inhabilitación. Para los que están fuera de España pendientes de juicio, también se acortarían notablemente los plazos de prescripción del delito, por lo que se acercaría su fecha de poder volver a España sin ser detenidos y juzgados.

La sedición en España está contemplada en el artículo 544 del Código Penal y se define como la conducta de quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". Las penas van de 8 a 10 años, y de 10 a 15 si los acusados son autoridad.