Ni la baja por reglas incapacitantes, ni el reparto de anticonceptivos gratuitos o productos de higiene menstrual... ni mucho menos la bajada a los 16 años para permitir un aborto sin consentimiento paterno. Las correcciones del PP a la reforma de la ley del aborto han dejado el texto del Ministerio de Igualdad bañado en tinta roja. Los populares han registrado una batería de 68 enmiendas con las que pretenden suprimir gran parte del articulado que el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el pasado 30 de agosto.
Ya lo expresaron durante en la enmienda a la totalidad que defendieron semanas atrás: el PP considera que el proyecto de ley es "innecesario" y "falto de acuerdo". Reprocha al Ejecutivo que impulse a una ley sin los informes preceptivos de los órganos consultivos, tramitándola por el procedimiento de urgencia y sin haber aguardado al fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley actual (la de plazos, de 2010) que los propios populares recurrieron hace 12 años.
En definitiva, el Grupo Popular cree que la norma -que recupera el aborto libre desde los 16 años, crea un registro de objetores de conciencia y contempla bajas por reglas dolorosas- establece un "marco de inseguridad mayor", al prohibir la entrega del sobre con información y los tres días de reflexión antes de proceder a una interrupción voluntaria del embarazo. "Por otro lado, se incorporan toda una serie de otras medidas que consideramos superfluas, innecesarias, anecdóticas o incluso lesivas", insisten los populares, en referencia al registro de objetores de conciencia (parecido al de la eutanasia) que se quiere impulsar con la futura ley.
Aunque no se pronuncian de forma clara acerca de los plazos que se introdujeron con la última ley de 2010 (aborto libre hasta las 14 semanas), sí han presentado enmiendas concretas a la modificación del Gobierno que pretende eliminar los dos requisitos actuales: que la mujer solicitante reciba un sobre con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad; y que haya transcurrido un plazo de al menos tres días de reflexión, desde entonces, hasta la intervención.
Más en general, el PP descarta calificar la despenalización como un "avance" y propone sustituirlo como una transformación del margen legislativo en esta materia.
Tampoco considera que deban contemplarse bajas específicas para reglas incapacitantes, según consta en el texto actual que las prevé para diagnósticos de reglas dolorosas (como endometriosis, por ejemplo), y cuyo coste correrá a cargo del Estado desde el primer día, y no de las empresas. Eliminan así todas las medidas relativas a este tema, pues defienden que la baja por menstruación "va a perjudicar a las mujeres más que beneficiarlas en términos de empleo y empleabilidad". "Si una mujer realmente se encuentra en una situación incapacitante por esta causa, ya tiene derecho a una baja laboral a través de su médico de atención primaria", argumenta.
El PP quiere suprimir igualmente el mandato de impulsar la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, la baja por aborto y todo lo relativo al reparto gratuito de anticonceptivos y productos de higiene menstrual. Además, se posiciona frontalmente en contra de desarrollar cualquier estrategia en torno a la salud sexual y reproductiva que exija una mejora de la atención en el ámbito ginecológico y obstétrico.
Todo ello, amparado bajo una misma justificación, que repiten a lo largo del paquete de enmiendas: es una propuesta "que no responde a las necesidades planteadas desde los colectivos profesionales sanitarios ni supone garantía alguna de avance en términos de calidad y seguridad asistencial".
La ley del aborto superó a principios del mes de agosto las tres enmiendas a la totalidad registradas por el PP, Vox y Cs. Ahora, tras cerrarse el plazo de enmiendas, su texto está siendo negociado entre los grupos parlamentarios, mientras el Ministerio de Igualdad, impulsor de la norma, espera que esté lista para antes de finalizar este año 2023.
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