El Gobierno niega que la reforma de la sedición esté vinculada a las negociaciones con ERC para aprobar los Presupuestos

El Gobierno sigue sin querer mirar al elefante en la habitación: la reforma del delito de sedición. El Ejecutivo trata de enfriar el debate sobre la modificación del Código Penal al que el presidente Pedro Sánchez se comprometió con ERC. Y lo hace a través de dos vías: señalando que "no hay novedad" al respecto puesto que, según ellos, "sigue sin haber mayoría parlamentaria", y desvinculando la posible negociación que cambiar este tipo delictivo supondría de las conversaciones que el Gobierno está manteniendo con sus socios parlamentarios -entre los que destacan los republicanos- para aprobar los Presupuestos de 2023, que mañana superarán uno de los trámites importantes: el rechazo a las enmiendas a la totalidad por parte de la oposición.

Fuentes gubernamentales insisten en que en la actualidad no están hablando con el grupo representado por Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados sobre la reforma del delito de sedición, aunque tampoco puntualizan qué contrapartidas les están ofreciendo para lograr que sus 13 diputados apoyen las cuentas públicas en la votación decisiva. En este sentido, el Gobierno ya ha dado un paso de gigante al asegurarse que ninguno de sus socios habituales -ni ERC, ni PNV, ni EH Bildu- presentaran la semana pasada enmiendas a la totalidad al proyecto de ley, lo que podría haber provocado la devolución de los Presupuestos.

Las mismas fuentes también rechazan que hayan hablado sobre esta reforma con el Partido Popular, con quien siguen manteniendo conversaciones para renovar, de una vez por todas, el Consejo General del Poder General (CGPJ) tras cuatro años con su mandato caducado. Las negociaciones están "en su fase final", pero la sedición no se ha tratado. La portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha respaldado esta versión al desvincular ambos hechos, pues los populares votarían 'no' a la rebaja del tipo penal porque "pretende romper la igualdad de los españoles ante la ley".

En público, el Gobierno sigue impertérrito. "No hay novedad", ha respondido la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial. Pese a que varios periodistas le han insistido, Isabel Rodríguez no se ha salido del guion marcado. "Conocen cuál es la posición del Gobierno y la manifestada por el presidente: el delito de sedición debería homologarse, pero no parece que tengamos una mayoría parlamentaria suficiente", ha remachado en la primera ocasión. "La prioridad parlamentaria en estos momentos está en el debate de Presupuestos", ha lanzado en la segunda. "El Gobierno no ha cambiado de posición, pero no observamos un cambio de mayorías", ha respondido a la tercera.

En ERC parece haber dos almas. O, al menos, dos discursos. Ayer, tras publicar El País que el Gobierno se abría a reducir a la mitad la pena de la sedición, que en la actualidad puede llegar a los 15 años, Rufián le restó importancia. El portavoz parlamentario y candidato de ERC a Santa Coloma también desvinculó esta reforma de los Presupuestos y pidió ser "conscientes de que a menudo hablamos de cosas que la gente no le interesa". En una entrevista en La 2, dijo que la gente estaba más preocupada por pagar la hipoteca. 

Sin embargo, la ERC que lidera el Govern -ahora en solitario tras la salida de Junts- parece más vehemente con este tema. Patrícia Plaja, portavoz de la Generalitat, ha urgido a Moncloa este martes a cerrar un acuerdo sobre la desjudicialización del conflicto -una forma de hablar de la reforma de la sedición-. En rueda de prensa, ha recordado que en la última mesa de diálogo se acordó avanzar en estas "modificaciones legislativas necesarias" antes de que acabe el año, algo en lo que ha dicho que existen "trabajos discretos" en los que ha justificado no entrar para que "lleguen a buen puerto".