Todos los grupos parlamentarios menos Vox han acordado este martes crear una subcomisión específica para revisar y actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Pacto marca el camino a seguir para combatir la violencia contra las mujeres y, puesto que nació en 2017 con una vigencia de cinco años, el Congreso de los Diputados alberga ahora la tarea de analizar el cumplimiento de las 290 medidas contempladas entonces y de aunar nuevas propuestas de aquí a junio de 2023. 

Así, con el afán de ver cumplida esa meta, se ha aprobado con una implacable mayoría la creación de una subcomisión para el seguimiento y evaluación del Pacto, que estará formada por 15 miembros responsables de redactar el informe con las conclusiones del análisis. Todo ello, además, tras haber acogido las comparecencias de personas expertas, y organizaciones e instituciones competentes en la materia. 

El acuerdo llega casi un año después de que el Gobierno y todos los grupos (de nuevo, excepto Vox), firmaran un dictamen en el Congreso con 13 medidas que renovaban el Pacto de Estado contra la violencia machista. El texto consensuado fue novedoso, en tanto en cuanto hacía permanente el Pacto, establecía la obligación de aprobar cada cinco años una Estrategia Estatal, y reconocía otras formas de violencia contra las mujeres (como la vicaria, la económica o la digital). 

La renovación del Pacto contra la violencia machista blinda la financiación e incluye "todas las formas de violencia"

Voluntad de aparcar las diferencias entre partidos

La diputada del PSOE Lidia Guinart ha puesto en valor durante su comparecencia el consenso alcanzado durante el acuerdo de 2017, instando a los grupos a mantener esa predisposición en los próximos meses. "El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue un logro y lo debe seguir siendo porque la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema que nos interpela como sociedad", ha apelado. 

Guinart ha reconocido la necesidad de tener "cuanto antes" una evaluación detallada de la ejecución de cada una de las medidas del Pacto, para hacer un seguimiento adecuado y obtener una "fotografía del momento en el que nos encontramos". "Aparquemos las diferencias y pongamos en común las coincidencias que, seguro, serán más", ha concluido la diputada socialista. 

El PP, por su parte, ha reprochado a Unidas Podemos su abstención en el acuerdo de hace cinco años y ha criticado la "falta de transparencia absoluta" del Gobierno por no hacer públicos los datos de las medidas implementadas o del gasto ejecutado. Con todo, la portavoz popular Marta González ha subrayado el "extraordinario valor" del texto "por haber sido fruto del acuerdo parlamentario" y ha pedido a los grupos "aunar los esfuerzos" para comenzar la tarea de revisión y evaluación del grado de ejecución de esas 290 medidas. 

Isabel Franco, de Unidas Podemos, ha defendido la postura que su partido adoptó durante el acuerdo de 2017 (se abstuvieron) justificando que si lo hicieron, fue porque la formación morada tenía lo hicieron fue para "consignar la crítica" por cuatro razones: en primer lugar, por "falta de medidas de igualdad"; luego, porque consideraban que las medidas contempladas "no superaban el marco" de la ley de 2004, de violencia de género; porque creían imprescindible contemplar otros tipos de violencia más allá de los cometidos en el ámbito de la pareja y expareja; y, por último, por la "ausencia de calendario presupuestario". 

Para Vox, directamente, el Pacto de Estado y las medidas impulsadas contra la violencia de género van en contra de lo que consideran que se debería estar haciendo. La diputada Carla Toscano ha asegurado en la comisión que apoyarían el acuerdo si se fueran a tratar determinados temas como "conseguir la independencia del poder judicial que favorece a las mujeres por el hecho de ser mujeres", en no "seguir considerando madres protectoras a las secuestradoras de niños" o si se fuera a trabajar "en investigar las denuncias falsas" de violencia machista.