Que tengan que desplazarse a España representantes de la UE a analizar si la política lingüística de Cataluña vulnera o no los derechos fundamentales de los alumnos causa cuando menos sonrojo. Que en España no seamos capaces de proteger el derecho de los estudiantes a recibir al menos una cuarta parte de las clases en español es inaudito.

Ante este panorama, impropio de una gran potencia europea, desde Bruselas se desplazará un grupo de europarlamentarios para analizar el uso de nuestra lengua, platicada por más de 500 millones de personas. Esta llegada no será inminente a causa de las elecciones y se materializará a finales del año que viene. Sin embargo, el hecho de haberse anunciado la visita ya es de por sí surrealista. Que el Gobierno mire hacia otro lado ante la aplicación o no en esta autonomía del derecho que le asiste a cualquier alumno a estudiar en español al menos un 25% de sus clases, y que la Generalitat presuntamente incumpla este precepto, ya sin disimulo y sin consecuencias, causa perplejidad.

Ante esta situación, los grupos que integran PP, Cs y Vox han tenido que recurrir a Bruselas, como si del propio primo de Zumosol se tratara, para que una comisión se desplace a comprobar si en efecto se han vulnerado los derechos de los que quieren estudiar en su lengua en su país.

La Eurocámara enviará una misión a Cataluña para comprobar que se imparte el 25% de las clases en castellano

Desde los tiempos de Suárez, cuando este gobernó con la abstención de CiU, los presidentes del gobierno han ido pactando sucesivas concesiones con los independentistas, aunque en algunas ocasiones con más ahínco que en otras. Se acaba de dar el visto bueno a una selección deportiva vasca y en no mucho tiempo se aprobará modificar el delito de sedición. Y así todo. En fin.