El Gobierno salva el primer paso para aprobar los Presupuestos con el apoyo de ERC, PNV y EH Bildu

El Gobierno salva oficialmente el primer escollo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Lo hace gracias al apoyo de sus socios parlamentarios habituales -ERC, PNV y EH Bildu-, que le han permitido tener una holgada mayoría con la que rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la derecha -PP, Vox o Cs, entre otros- que, de salir adelante, hubieran derribado las Cuentas del Ejecutivo, que serán las últimas de la legislatura.

El resultado de la votación ha sido de 186 votos en contra frente a 159 a favor, junto con tres abstenciones. Esta cifra, eso sí, es menor que la registrada el pasado año, cuando las enmiendas a la totalidad quedaron rechazadas por 188 votos en contra, 156 votos a favor y 1 abstención, logrando así los Presupuestos el apoyo de la mayoría parlamentaria para superar este primer obstáculo en su camino por la Carrera de San Jerónimo.

Al finalizar la votación, el grupo socialista y también el de Unidas Podemos se ha levantado para aplaudir a María Jesús Montero, hacedora de las cuentas, que este año cuentan con un techo de gasto récord de 198.221 millones de euros y medidas nucleares para el Gobierno, como un cheque de 100 euros a las madres, la prórroga de la gratuidad de Media Distancia de Renfe o Cercanías o la subida de las pensiones al nivel del Índice de Precios al Consumo (IPC). 

La ministra de Hacienda y también número dos del PSOE, ha sido la encargada de presentar durante más de 14 horas de debate los presupuestos. Una cita, eso sí, más deslucida que otros años por la poca sorpresa que se esperaba -el hecho de que los socios no presentaran sus enmiendas a la totalidad le quitaba tensión- y por la no presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial con empresarios en Kenia y Sudáfrica, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que no tiene escaño en el Congreso. Lo que más ha levantado el interés de los medios ha sido una frase de Montero en la tribuna en la que parecía que anunciaba que el Gobierno traería a la Cámara Baja la reforma del delito de sedición que se quiere pactar con ERC, aunque luego ha tenido que retractarse de sus palabras y añadir la ya famosa coletilla "cuando haya una mayoría suficiente".

Por lo demás, Montero ha vuelto a poner en valor las políticas -encabezadas por los PGE- del Gobierno para "proteger" a la clase media y trabajadora, algo por lo que trabajan "contra viento y marea" para que "todos, y no solo unos pocos, tengamos más y mejores oportunidades". La vicesecretaria general de los socialistas ha destacado la apuesta del Ejecutivo "el progreso y el bienestar de la ciudadanía, la competitividad de las empresas y el futuro de los jóvenes".

Asimismo, Montero ha tenido palabras para el PP, con quien el PSOE prevé pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero con quien en el ámbito parlamentario sigue sin haber acuerdos. La titular de Hacienda ha lamentado que la oposición "no arrime el hombro" y que ha tildado de "caducada" por tener "unas recetas fallidas que ya nadie aplica".

Aviso de los socios

Por su parte, los socios del Gobierno que han permitido que los Presupuestos se sigan tramitando han querido avisar al Ejecutivo para que vaya más allá y cumpla con sus demandas. El diputado Joan Magall de ERC ha apuntado que, pese a tener razones "fundamentales" para no aprobar los PGE, de momento apostarán por "la responsabilidad" negociando sus enmiendas para "mejorar" las cuentas y la "vida de la clase trabajadora". Como "un punto de partida" para esas conversaciones ha definido el voto del PNV su diputada Idoia Sagastizábal, que ha dicho que negociarán "con ánimo constructivo y búsqueda de acuerdos", ya que "falta un trecho" para el acuerdo presupuestario, que sí se ha dado en los otros dos años anteriores. Oskar Matute, de EH Bildu, ha asegurado que su grupo peleará por pensiones "más dignas, impuestos a grandes empresas o medidas para que cada persona tenga derecho a una vivienda digna".