El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras casi cuatro años con el mandato de los vocales caducado, estaba ya muy avanzado. Hasta este jueves, cuando el PP decidió suspender las negociaciones tras confirmar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, su intención de reformar el delito de sedición, a lo que se comprometió en el discurso de investidura de 2020. Es por ello por lo que los socialistas han vuelto a pedir al PP cumplir con la Constitución "sin pretextos y sin dilación" y no utilizar "una nueva excusa" para, dicen, "no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria".

Así se manifestó el PSOE en un comunicado que lanzó más de media hora después de que el PP hiciera pública decisión de "suspender" las conversaciones. En el texto, los socialistas hacen hincapié en que el acuerdo estaba "listo y preparado para ser firmado" y critican la "crisis institucional en un poder del Estado que está provocando el PP con su actitud obstruccionista". "Es muy grave y está dañando el funcionamiento normal de la justicia, así como la reputación de nuestro país en la UE", declaran.

"A Feijóo le han temblado las piernas, no es autónomo", dijo por su parte Pedro Sánchez durante una escala en la capital de Angola, en una conversación informal con los periodistas que le han acompañado en su gira africana.

Filtración

Sánchez afirmó que fue al aterrizar en Luanda cuando conoció el comunicado del PP en el que los populares desvelaban la conversación que había mantenido con Feijóo y que vinculaba el acuerdo para renovar el CGPJ a la reforma del Código Penal prevista por el Gobierno para el delito de sedición.

La conversación entre ambos duró una hora, justo el trayecto entre Johanesburgo y el aeropuerto de Pretoria, y en ella afirma el presidente del Gobierno que el líder del PP no le trasladó la nueva posición que liga el acuerdo del CGPJ a la reforma del Código Penal.

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De hecho, agregó Sánchez, quedaron en verse para los últimos flecos el próximo 2 de noviembre después de que el acuerdo estuviera ya cerrado, tanto en el texto de la proposición de ley que se presentaría en el parlamento como en los nombres e incluso los suplentes del órgano de gobierno de los jueces.

Sánchez ha afeado al PP que filtrase esta conversación y que pretenda que él renuncie a un compromiso contraído en su discurso de investidura sobre la reforma del Código Penal a cambio de que el principal partido de la oposición cumpla con la Constitución, y recalcó que son dos cuestiones que no tienen nada que ver.

"Corriente reaccionaria"

Para el presidente del Gobierno, la conclusión de todo lo ocurrido es que la derecha en general y "la corriente reaccionaria del poder económico, judicial y mediático" no quiere que haya un acuerdo y Feijóo no ha sido capaz de resistir las presiones.

Respecto a lo que puede ocurrir a partir de ahora, Sánchez subrayó que él no puede aceptar que se le imponga una exigencia para que el PP cumpla con la Constitución, e insistió en que el PP usa "una nueva excusa" para no pactar el CGPJ después de una negociación que se ha dilatado más de lo previsto porque, según dijo, el principal partido de la oposición pidió tiempo para hablar con los posibles candidatos al órgano de gobierno de los jueces.

Lo que sí daba por hecho es que los presidentes tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional deberían ser designados entre magistrados del sector progresista.

Sánchez mostró asimismo su "enorme decepción" por la actitud de Feijóo porque cree que "no ha demostrado liderazgo" y sigue poniendo en cuestión la legimitidad del Gobierno, algo que considera "muy grave" y "antidemocrático".

El delito de sedición

Las negociaciones para renovar el CGPJ se retomaron hace menos de tres semanas, cuando Carlos Lesmes, entonces presidente del órgano y del Tribunal Supremo, decidió dimitir para emplazar a ambos partidos a llegar a un acuerdo de renovación, que había estado cerca en otras ocasiones, pero que siempre había terminado siendo papel mojado, como puede ocurrir esta vez.

Sánchez citó a Feijóo en Moncloa. Ambos se prometieron que "esta vez sí". A lo largo de estas semanas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, se habían puesto manos a la obra con conversaciones a diferentes niveles. Se negociaban otras cosas para un pacto más amplio, como que los jueces con un cargo político no pudieran volver a la Justicia de forma automática, previsiblemente en un plazo mínimo de dos años.

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Sin embargo, este jueves el PP volvió a bloquear las conversaciones. Esta vez, esgrimiendo unas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, en su réplica en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aseguró a ERC que el Gobierno "traería" la reforma del delito de sedición al Congreso. Esto podía interpretarse como un paso más allá del Ejecutivo que, si bien llevaba semanas asegurando que lo haría al ser "un compromiso" del presidente, nunca habían hablado de llevar la iniciativa a la Cámara Baja hasta que no hubiera una "mayoría suficiente". Fue la propia Montero quien, al darse cuenta del revuelo, matizó con el argumentario de Moncloa: "Cuando haya mayoría".

Esto había provocado el runrún en los pasillos del Congreso por la posibilidad de que los populares pusieran como condición sine qua non la retirada de dicha reforma legislativa para firmar el pacto judicial. Ante ese escenario, el presidente del Gobierno señaló a mediodía que el acuerdo "estaba listo". Además, en una rueda de prensa desde Sudáfrica, Sánchez pidió al PP diferenciar "la agenda legislativa" —en referencia a la sedición— de las "obligaciones constitucionales". 

"Falta de autonomía política"

Según confirmaron fuentes del PSOE, esto se lo trasladó Sánchez por la tarde en una conversación telefónica a Feijóo, al que los socialistas acusan ahora de "demostrar una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto".

En este sentido, Ferraz recuerda que la agenda legislativa —en la que va incluida la reforma del delito de sedición— "no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas". Por ello, reclaman una vez más que "no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución".

Al anuncio del PP también reaccionó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien recordó que "la renovación del Poder Judicial es una obligación democrática y legal". "No es creíble la enésima excusa del PP, en esta ocasión, de Núñez Feijóo. El bloqueo permanente de la renovación del CGPJ degrada nuestra democracia", reprochó en un comentario de Twitter.