Primer paso para que los servicios tecnológicos en España cumplan los mínimos europeos de accesibilidad 

  • La implantación de estas medidas supondrá "más de 170 millones de euros” de los fondos Next Generation.
  • Garantizará el acceso al teléfono de emergencias 112 a las personas sordas.
Detalle de un lateral de uno de los nuevos vehículos de los Mossos con la imagen de teléfono de emergencias 112.
Detalle de un lateral de un vehículo de los Mossos conel teléfono de emergencias 112.
ACN
Detalle de un lateral de uno de los nuevos vehículos de los Mossos con la imagen de teléfono de emergencias 112.

 El Gobierno ha aprobado este lunes el anteproyecto de la ley que permitirá a España cumplir los requisitos mínimos de accesibilidad comunes de la Unión Europea en productos y servicios informáticos y en comercio electrónico y que garantizará el acceso al teléfono de emergencias 112 a las personas sordas.

La norma aprobada por el Consejo de Ministros, explica en un comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, recoge la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva comunitaria conocida como Acta Europea de Accesibilidad, que blinda el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los bienes y servicios disponibles en la UE.

Con este objetivo, se fijan unos nuevos requisitos mínimos de accesibilidad para toda una serie de actividades cotidianas como usar un datáfono, llamar al 112, comprar unas entradas o reservar un vuelo por Internet.

Serán plenamente accesibles productos como las máquinas de facturación, los terminales de gestión de turno o los lectores electrónicos. También las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico.

Por otro lado, Derechos Sociales está preparando un Real Decreto Ley de accesibilidad que amplíe los servicios y productos que no se encuentran recogidos en la directiva europea.

La implantación de estas medidas comportará una inversión de "más de 170 millones de euros” de los fondos Next Generation, resalta el Ministerio, que señala su voluntad de garantizar "los derechos como clientas, consumidoras y usuarias" de las personas con discapacidad, así como "su libre circulación sin discriminación" dentro de la UE.

Una vez aprobado el anteproyecto de ley, éste debe conseguir el visto bueno en el Congreso y el Senado antes de entrar en vigor. 

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