El Congreso aprueba por unanimidad castigar con hasta 12 años de cárcel la trata de mujeres que huyan de una guerra

El Congreso apoya por unanimidad endurecer las penas para quienes obliguen a prostituirse o a realizar trabajos forzosos a mujeres que huyan de una guerra o un desastre natural. Este jueves, la Cámara Baja aprobó que, en estos supuestos, se aplique la pena más alta prevista para castigar la trata de personas: 12 años de prisión. Y lo hizo sin ningún voto en contra ni ninguna abstención, y con el voto a favor de toda la Cámara Bjaa, una variopinta mayoría formada por PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC o Cs.

Este endurecimiento de las penas se llevará a cabo a través de una pequeña reforma del Código Penal que entrará en vigor en las próximas semanas, una vez el Senado dé luz verde al texto que aprobó este jueves el Congreso. La iniciativa la presentó hace unos meses el PSOE, y en un principio estaba únicamente pensada para castigar con hasta 12 años de prisión la trata de mujeres que huyeran de la guerra en Ucrania. Los socialistas, además, proponían inicialmente que el endurecimiento de las penas estuviera vigente solo por un plazo de año y medio.

El texto final que se aprobó este jueves, no obstante, es mucho más amplio, ya que se castigará con hasta 12 años de cárcel la trata de todas las personas que sean víctimas de prostitución forzosa u otros delitos cuando huyan de una guerra o un desastre natural, sea cual sea. Además, este agravante se incluirá en el Código Penal de forma definitiva, y no se volverá a la anterior redacción dentro de 18 meses, tal y como exigieron en el Congreso PP, Unidas Podemos, Cs o PNV en mayo, cuando apoyaron que comenzara a tramitarse la iniciativa.

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Entonces, el PSOE defendió que el agravamiento de las penas para los tratantes de personas se circunscribiera a la guerra de Ucrania asegurando que era "necesario" por "una cuestión de contexto". "La masa de refugiadas no tiene precedentes; no se trata de discriminar, sino de atender con urgencia una realidad inédita por su abundancia y por su riesgo", defendió entonces la diputada socialista Andrea Fernández. No obstante, el PSOE finalmente ha tenido que cambiar de posición para garantizarse que la medida salía adelante.

La mayor parte de los grupos que apoyaron la reforma del Código Penal celebraron que vaya a ser permanente y no temporal y que vaya a afectar a todas las víctimas de trata y no solo a las procedentes de Ucrania. "Esta terrible guerra de Putin en Ucrania es una sinrazón, en torno a siete millones y medio de refugiados ucranianos buscan protección, en su mayoría mujeres y menores", pero la ley debe amparar a todas las víctimas, planteó en este sentido la diputada del PP Rosa Romero, que sin embargo insistió en que es necesario abordar el problema de raíz mediante la aprobación de la ley de trata.

"Urge una respuesta normativa integral que articule en un solo texto la legislación dispersa e incluya las medidas de la prevención del delito, protección de la víctima, persecución y castigo penal a los delincuentes", espetó Romero. Y a esa reclamación del PP se unió un grupo tan dispar como ERC, cuya diputada Carolina Telechea afirmó que "faltan muchas cosas por hacer" y pidió "medidas de protección y reparación de las víctimas" y también "la reforma de la ley de extranjería, porque la trata de personas suele originarse por las dificultades de acceso al país de destino".

Vox, por su parte, hilvanó un discurso muy duro, pese a que también votó a favor de la reforma del Código Penal, y acusó al Gobierno de fomentar la trata de personas con su política migratoria "de puertas abiertas" que "da alas a las mafias". La formación también acusó al PSOE de haber gastado "en prostitutas" dinero "de los parados andaluces", y sostuvo que "también hay víctimas de explotación laboral" que afectan mayoritariamente a hombres "en la agricultura, los talleres clandestinos" o "la hostelería". Se trata de un importante cambio de discurso de Vox, que en su momento criticó duramente al Gobierno por haber reforzado las campañas de la Inspección de Trabajo en estos sectores y aseguró que pretende "criminalizar" a dichos sectores.