La industria alimentaria exige "seguridad y garantías" en el abastecimiento de productos y materias primas tras conocer la nueva convocatoria de paros en el transporte de mercancías promovidos por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Además, alertan de un "grave perjuicio" para los consumidores si los paros se prolongan y reclaman que se garantice "el derecho al trabajo" de todos los transportistas que decidan no secundar las protestas.
Las principales patronales de la cadena alimentaria, que representan a la gran distribución, la agricultura y la hostelería, han emitido este lunes un comunicado en el que piden que no se repitan "las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria" el pasado marzo.
De igual manera, denuncian que en la primera fase de paros -que provocó alteraciones en la producción y distribución y escasez de algunos productos- se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas. Algo que dificultó "la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria".
Las patronales de la cadena alimentaria afirman que esta nueva fase de paros puede ocasionar daños a miles de pymes "que ya atraviesan un momento delicadísimo" por el complejo escenario internacional de guerra en Ucrania y crisis energética. Por ello, han reclamado al Gobierno "que adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento" en cualquier situación "por muy excepcional que esta sea".
Esta segunda fase de paros en el transporte ha sido convocada, de nuevo, por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Una organización con mucho peso entre los transportistas autónomos, pero que no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el interlocutor oficial entre el Gobierno y las principales patronales del sector.
Desde la Plataforma arguyen que se está incumpliendo el decreto aprobado por el Gobierno en agosto que prohibía trabajar a pérdidas. "Se hizo una ley que tienen que respetar los cargadores y, lejos de esto, están imponiendo unos precios inasumibles. Si protestas, te meten en una lista negra y si no descargas el camión, también. Eso contraviene la ley", denuncian fuentes de la Plataforma consultadas por 20minutos.
La primera oleada de paros comenzó el pasado marzo y se extendió durante 20 días, en los que se produjeron algunos episodios de desabastecimiento y alteraciones importantes en las cadenas de producción y distribución. Hasta el punto de que el Banco de España reconoció que los paros afectaron al PIB en el primer trimestre, que retrocedió un 0,2%. La huelga, sostuvo entonces el supervisor bancario, provocó que varias empresas cesaran su actividad por la escasez de algunos productos.
Las protestas se suspendieron con la llegada de abril, después de que el Gobierno aprobara un paquete de medidas específicas para el transporte, en el que se incluyó el descuento de 20 céntimos por litro a los combustibles. Una medida que ha estado funcionando desde entonces y que el Ejecutivo todavía no ha aclarado si se prorrogará también al año que viene.
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