La presunta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) será juzgada tras dos años y medio de investigación por parte del fiscal anticorrupción y casi 18 años después de la primera denúncia. Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral respecto de las formaciones políticas PdeCat y CDC y los extesoreros de esta última Germà Gordó, Daniel Osàcar y Andreu Viloca en el denominado ‘caso 3 %’, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a la antigua Convergència de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.
Fue el 23 de febrero de 2005, durante en un pleno del Parlament de Catalunya, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se refirió por vez primera al caso: "Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por ciento" espetó al convergente Artur Mas. Han tenido que pasar más de tres lustros, diversas investigaciones y archivos de causas para que aquella acusación, que se quiso disfrazar de "calentón" parlamentario del expresidente Maragall, vaya a juicio.
En su resolución, el juez Santiago Pedraz acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de dieciséis personas jurídicas.
El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. Por otra parte, el juez decreta el archivo provisional para el presidente de la constructora madrileña Grupo Ortiz Juan Antonio Carpintero.
Así, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
Según el escrito del fiscal José Grinda, entre 2008 y 2015 "altos cargos" de CDC, "en connivencia" con cargos públicos, funcionarios de distintas administraciones catalanas y empresarios "pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".
En cuanto a las penas, Anticorrupción solicita 3 millones de euros en concepto de multa para PDeCAT y CDC por un delito de blanqueo de capitales y para los exgerentes de CDC Andreu Viloca y Germá Gordó pide las condenas de prisión más altas, 21 años y 4 meses y 18 años y 10 meses, respectivamente, mientras que para Osácar reclama un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad.
En su auto, contra el que no cabe recurso, el magistrado declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa.
Además de Anticorrupción, en esta causa ejercen también la acusación los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés.
El Ayuntamiento de Barcelona acusa a ocho de los procesados de un delito de fraude a las administraciones públicas, entre ellos a Gordó y Viloca, y considera a PdeCat y CDC responsables civiles a título lucrativo.
Una acusación similar a la que hace el Ayutamiento de Sant Cugat del Vallés, si bien esta se centra sólo en dos de los procesados Osácar y el empresario Jordi Sumarroca, y entre los responsables civiles a título lucrativo añade también a la mercantil Teyco.
Entre los acusados, además de los tres exgerentes, destaca también quien fuese responsable jurídico de CDC Francesc Xavier Sánchez Vera, para quien la Fiscalía solicita un año de prisión y otro de trabajos a la comunidad.
También figura el directivo de la constructora Oproler y marido de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia catalán Josep Maria Bassols, para quien Anticorrupción pide un año y nueve meses de prisión y trabajos en beneficio de la comunidad.
El exconcejal de Barcelona Antoni Vives es uno de los acusados que se enfrentan a una mayor petición de pena por parte de la Fiscalía, seis años y un mes; así como el empresario Jordi Sumarroca o el ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell, para quienes pide 10 años en ambos casos.
Para el exdirectivo de esta empresa pública Joan Lluís Quer, Anticorrupción pide cinco años y también está acusado el expresidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, al que solicita que se condene a cuatro años y medio de prisión.
Una estructura de financiación ilegal
Según el escrito del fiscal, desde abril de 2011, cuando Quer y Rosell dirigían Infraestructures.cat, en connivencia con cargos de CDC, "se ocultaban una serie de actividades ilícitas en la adjudicación de contratos, bajo la apariencia de legalidad".
En paralelo, los empresarios acusados se concertaron con cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones afines CatDem y Forum Barcelona, añade el escrito.
En ocasiones las donaciones "estaban vinculadas directamente a contraprestaciones por la adjudicación" de contratos y, en otras, se realizaban para "crear o mantener una buena relación con CDC" y, así, ser tomados en cuenta para futuros concursos, es decir, para mantener una relación "privilegiada" con el partido y "consagrar su pertenencia a la familia".
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios