El impuesto a las grandes fortunas va dando pasos hacia su aprobación para poder ponerse en marcha el 1 de enero de 2023. Este jueves, PSOE y Unidas Podemos presentaron el texto de este nuevo gravamen en el Congreso a través de un procedimiento exprés que permitirá que el tributo esté en marcha, si todo va según lo previsto, en apenas mes y medio. El nuevo impuesto, si no sufre cambios durante su tramitación, gravará a patrimonios por encima de los tres millones de euros y solo se aplicará en las comunidades que eximan a sus ciudadanos más acaudalados de pagar el impuesto de patrimonio.

La clave para acelerar la aprobación de este nuevo gravamen es que PSOE y Unidas Podemos han planteado su creación a través de una enmienda a otra proposición de ley que ya está tramitándose en el Congreso: la que servirá para poner en marcha los nuevos tributos temporales sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de la banca, cuyo diseño el Gobierno no ha enmendado pese a los recelos mostrados por la Comisión Europea o el BCE. A través de esta vía, el Gobierno se evita tener que presentar una nueva iniciativa y se salta varios pasos de la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que así el nuevo impuesto a las grandes fortunas esté en marcha ya desde el 1 de enero de 2023.

Finalmente, el impuesto gravará a las grandes fortunas con una riqueza de más de tres millones de euros, con la vivienda habitual exenta hasta un valor de 300.000 euros y otros bienes y derechos, como las obras de arte cedidas gratuitamente a museos o los derechos económicos de los planes de pensiones, también exentas. Los patrimonios de entre tres y 5,3 millones estarán gravados a un tipo del 1,7%; el siguiente tramo a aplicar será a los patrimonios por valor de entre 5,3 y 10,7 millones de euros, se les impondrá un tipo del 2,1%; y de los 10,7 millones en adelante, el tipo a aplicar será del 3,5%. 

De la cuota que resulte, el contribuyente se podrá deducir lo que haya pagado en concepto de impuesto de patrimonio, en el caso de que viva en una comunidad que lo aplique. En cualquier caso, serán pocos los potenciales pagadores de este nuevo tributo: el Gobierno prevé que afecte a apenas 23.000 contribuyentes en toda España, pese a lo cual, según sus cuentas, se recaudarán para las arcas públicas del Estado unos 1.500 millones de euros.

El PP enmienda los impuestos a banca y energéticas y cuestiona su legalidad: "Corremos el riesgo de tener que devolverlo"

El nuevo gravamen fue pactado por PSOE y Unidas Podemos como parte de la negociación para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene y supuso un triunfo de las tesis moradas, ya que el PSOE se estuvo resistiendo durante meses a establecer un impuesto especial a los patrimonios más elevados e incluso votó en contra de una iniciativa de Unidas Podemos en este sentido en junio. El cambio de posición es tan evidente que ahora los socialistas incluso se plantean que el tributo no sea temporal, como se plantea en un inicio, sino que se convierta en permanente.

Así lo han defendido los morados desde el principio y, hace unos días, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, abría la puerta a que los socialistas también apoyen que el nuevo impuesto se convierta en estable. "Me gustaría que no fuera temporal, como ocurre en otros países", señaló López en una entrevista, en la que defendió que el gravamen a las grandes fortunas es "homologable" con otros países, donde "existe de serie". Además, el portavoz insistió en que "bajar los impuestos lo único que hace es recortar derechos y debilitar el Estado del bienestar".

El PP critica el impuesto y los socios piden más

El PP cargó duramente contra el impuesto a las grandes fortunas promovido por el Gobierno tanto por el contenido del mismo como por el hecho de que PSOE y Unidas Podemos hayan acelerado su tramitación presentándolo a través de una enmienda. Los populares rechazan frontalmente esta fórmula que, sostienen, no les permitirá enmendar este tributo, aunque sí votar en contra del mismo. "Jamás se ha creado un impuesto sin debate, informes preceptivos y hurtando al poder legislativo su capacidad de enmendar", resumen fuentes del PP, que también rechazan que este impuesto no vaya a poder bonificarse por parte de las comunidades autónomas.

Por el contrario, algunos de los socios con los que el Gobierno tendrá que aliarse para sacar adelante este nuevo gravamen -y también los que afectarán a los beneficios de la banca y las empresas energéticas- han pedido al Ejecutivo que sea más ambicioso. Es el caso de EH Bildu, que este jueves también registró sus propias enmiendas y, entre ellas, varias para endurecer la cuantía a pagar por esas grandes empresas con beneficios extraordinarios. En caso de las energéticas, EH Bildu propone establecer un tipo del 2,1% sobre su facturación anual, en lugar del 1,2% planteado por el Gobierno. Y, en el caso de la banca, los abertzale piden gravar el 7,5% de la cifra de margen de intereses de los bancos, en lugar del 4,8% propuesto por el Gobierno.