La regularización de las víctimas de trata sin papeles, último escollo en la ley que el Gobierno quiere aprobar el martes

Solo queda un punto por salvar en la negociación que se está fraguando en el seno del Gobierno en torno a la nueva ley contra la trata: la regularización de las víctimas de explotación sexual en situación irregular. Salvo sorpresa de última hora, el anteproyecto aterrizará en el Consejo de Ministros del próximo martes, según avanzan fuentes gubernamentales a 20minutos, pero el borrador -que contempla cárcel para puteros y personas que se lucren de la prostitución, y otorga derechos a las víctimas- todavía puede sufrir cambios. El Ministerio de Igualdad lucha a contrarreloj por tratar de ganar su última batalla con el Ministerio del Interior y conseguir que a las víctimas sin papeles se les conceda el permiso de residencia y trabajo "desde el primer momento".

Desde el departamento que dirige Irene Montero confirman que la ley ya está cerrada "prácticamente en todos sus puntos". Eso sí, matizan que todavía falta llegar a un acuerdo para establecer "a partir de qué momento las mujeres en situación irregular pueden tener derecho a su regularización. Se trata, subrayan, de un punto "fundamental" que va en línea con la postura que defienden de otorgar derechos sociales, económicos y laborales a las víctimas de esta lacra para que puedan salir de esa situación de explotación sin la necesidad específica de que hayan interpuesto una denuncia previa. 

Sea como fuere, lo previsible es que el anteproyecto se apruebe en el próximo Consejo de Ministros, al que llega un año después de que el Ejecutivo empezara a trabajar en él. Para este primer texto, de hecho, ha costado lograr un consenso entre los ministerios implicados (Igualdad, Interior y Justicia) y dista mucho del borrador que el departamento de Irene Montero dejó en manos del de su homóloga en Justicia, Pilar Llop, en el mes de enero de este año. 

Se trata, además, de una de las leyes pendientes de esta legislatura que aspira también a completar uno del compromiso del PSOE de tratar de erradicar la prostitución. 

Cárcel para puteros y derechos para las víctimas

Del documento no se han detallado muchas líneas generales, salvo que establece medidas para hacer frente a todas las formas de trata de seres humanos (y no solo la sexual, como planteó Igualdad en un principio). Medios como la Cadena Ser han tenido acceso a algunas de las claves que apuntan a un endurecimiento de las penas al proxenetismo y fortalecen las medidas sociales para las víctimas. 

Según publicó esta emisora hace unos días, la futura ley contra la trata prevé penas de cárcel de hasta cuatro años para los puteros, que quedarán exentos del castigo siempre y cuando el suceso haya sido ocasional y hayan denunciado la situación. Fijan también penas de prisión de cuatro años para los que hagan negocio con la prostitución y/o destinen algún inmueble o establecimiento a la explotación ajena.

En cuanto a las acciones dirigidas a las víctimas, la norma amplía sus derechos y concede permisos de residencia para las migrantes en situación irregular (punto que falta por concretar todavía) y acceso al ingreso mínimo vital. En esa línea, contempla programas de empleo para facilitar su inserción laboral y otorga a las víctimas cierta preferencia a la hora de acceder a la vivienda. 

Más graves son las penas que fijan para delitos de esclavitud (hasta 12 años) o por delitos de trata y explotación (8 años), recogiendo en estos últimos el haber forzado a alguien a realizar actividades de naturaleza sexual, mendicidad o cualquier otra actividad delictiva. 

Quedará por ver ahora cómo queda el texto final y qué reclamo de cada departamento (y, por tanto, de cada partido del Gobierno) se ha logrado introducir en el proyecto de ley. Con todo, y a un año de las elecciones generales, la ley tiene pocos visos de prosperar si no se tramita por procedimiento de urgencia. La de este martes será tan solo la primera vuelta. El texto todavía debe recibir los informes preceptivos de los órganos consultivos, ratificarse de nuevo en el Consejo de Ministros, y ser sometido a debate entre los grupos parlamentarios en las Cortes.