El delito que sustituirá a la sedición rebajará las penas máximas de 15 a 5 años y la inhabilitación, a 8 años

El nuevo delito de desórdenes públicos agravados que sustituirá al de sedición, tal y como proponen PSOE y Unidas Podemos en la iniciativa que han presentado este viernes en el Congreso, reducirá las penas máximas para hechos como los ocurridos en 2017 en Cataluña de 15 a cinco años de prisión. También habrá una rebaja en el tiempo de inhabilitación, pues en el caso de que el delito lo cometa una autoridad la incapacidad de ocupar cargo público será de ocho años.

Así consta en la proposición de ley que han registrado este viernes PSOE y Unidas Podemos y que fue adelantada ayer por la noche por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la práctica, la iniciativa suprime el delito de sedición y lo sustituye por el de desórdenes públicos agravados. "Introducimos una nueva regulación del delito de desórdenes públicos, el que pena el hecho de atentar contra la paz pública con violencia e intimidación", ha declarado el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, que es quien ha cuantificado las penas de prisión entre tres y cinco años y los ocho de inhabilitación. 

En concreto, la nueva redacción del delito establece que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas", o bien obstaculicen "las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas", o bien invadan "instalaciones o edificios". Las penas de hasta cinco años de prisión y hasta ocho de inhabilitación "se impondrán en su mitad superior a los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje".

En el capítulo de los agravantes, destaca uno específicamente diseñado para incrementar el castigo a quienes participen en estos desórdenes públicos utilizando armas de fuego: esa acción estaría penada con hasta siete años y medio de cárcel. Asimismo, la nueva redacción establece que "la provocación, la conspiración y la proposición" para llevar a cabo este tipo de desórdenes públicos estarían castigadas con entre nueve meses y año y medio de prisión. Y la pena de cárcel sería de entre seis meses y dos años para quien, "en lugar concurrido, provocará avalancha, estampida u otra reacción análoga en el público que pongan en situación de peligro la vida o la salud de las personas".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, López ha recordado cómo en 2017, cuando se consumó el procés y sus leyes de desconexión, "se abrió un enorme debate jurídico sobre el modo y los tipos delictivos que se tenían que aplicar". "Ahora lo clarificamos", ha defendido.

Este es el texto pactado que deroga el delito de sedición y lo sustituye por "desórdenes públicos"

Según las explicaciones dadas por el portavoz socialista, la iniciativa está motivada "por la evolución social y el derecho comparado", puesto que el tipo penal de la sedición "tiene 200 años". Asimismo, se busca "corregir tipos penales inexistentes en la mayoría de países europeos", un argumento que también expuso ayer el presidente del Gobierno. No obstante, dicha modificación legal responde a un pacto entre el Ejecutivo y la Generalitat, dos administraciones que se comprometieron a "avanzar en la desjudicialización del conflicto" catalán antes de que finalizara este año. 

López, como ya hicieran el Gobierno y ERC, ha desligado este acuerdo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aunque este sin duda es un paso importante. Así, el portavoz ha asegurado que lo presentan ahora porque "cree que puede haber una mayoría", aunque ha confesado que todo se aceleró tras la ruptura del PP del pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Cuando el PP rompe el pacto del CGPJ, ERC deja de hablar de suprimir [la sedición] y empieza a hablar de ‘europeizar’", ha lanzado el portavoz, que ha minimizado -que no negado- que puede conllevar esta cesión a ERC a meses de las autonómicas y municipales y ha celebrado que el PSOE "haga política". "Cataluña está hoy infinitamente mejor que en 2017", ha lanzado.

Podemos: "Es un día importante para la democracia"

En la misma línea se expresó el portavoz de En Comú Podem y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que aseguró que "hoy es un día importante para Cataluña y el conjunto del Estado" y "para la democracia". "En democracia, los problemas políticos se resuelven con medidas políticas", apuntó Asens, que denunció que "el Código Penal está plagado de delitos envejecidos, que afectan a derechos fundamentales", entre ellos la sedición. Ese delito que ahora desaparece "se adecúa muy mal a la realidad actual" y "no se ajusta a los estándares de los países de nuestro entorno", argumentó el portavoz.

Asens sostuvo, además, que la "derogación" del delito de sedición tiene una importancia que trasciende a lo que afecta al problema territorial de Cataluña. Con ese delito en vigor, afirmó el dirigente, "una huelga general podría haber sido calificada como acto de sedición", y existía "la amenaza de aplicar este tipo penal a muchos otros fenómenos". "Hoy todavía perviven [en el Código Penal] muchos restos del franquismo y el autoritarismo del siglo XIX, el delito de sedición pertenece a ese mundo y afecta a la calidad democrática de España", y por ello Unidas Podemos celebra su final, zanjó.

Pese a las preguntas al respecto, Asens no quiso pronunciarse sobre cómo puede afectar esta reforma del Código Penal al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado en Bélgica. No obstante, en una entrevista previa en la radio RAC1, el dirigente de Unidas Podemos aseguró que, si a la derogación del delito de sedición se le añade una hipotética reforma del delito de malversación, podría ser una "pista de aterrizaje para la vuelta" de Puigdemont. Asimismo, Asens planteó que, a su juicio, con la nueva redacción presentada este viernes los hechos de 2017 por los que fueron condenados los líderes independentistas no pueden encuadrarse en los desórdenes públicos porque no hubo violencia ni intimidación.