La reforma del Código Penal que acaba de presentar el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo entusiasta de ERC no busca adecuar los delitos a lo que sucedió en Cataluña en 2017, ni tampoco es fruto de ningún imperativo de armonización con la legislación europea. Si fuera así, el Gobierno plantearía no solo la supresión del delito de sedición, sino una reforma más ambiciosa que contemplase nuevas figuras como, por ejemplo, la desobediencia reiterada al TC, la convocatoria de referéndums ilegales o la rebelión impropia, es decir, sin violencia. El intento de secesión que llevaron a cabo los políticos catalanes hace cinco años fue una rebelión en la que no se utilizó la fuerza armada, pero fue un golpe en toda regla contra el orden constitucional. No olvidemos que los políticos condenados eran autoridades que utilizaron el poder de la Generalitat, y que el rey Felipe VI tuvo que salir por televisión la noche del 3 de octubre de 2017 al igual que su padre lo hizo el 23-F de 1981. El Tribunal Supremo condenó a los líderes separatistas por sedición porque en el Código Penal la rebelión requiere el uso de la violencia.

"Al margen de algunas ventajas inmediatas, no fortalece a la democracia si en el futuro los separatistas lo vuelven a hacer"

En los tiempos posmodernos y digitales que vivimos algunos golpes ya no se dan pistola en mano, sino por otros medios. En una reforma penal pensada para adecuar la ley a lo sucedido en 2017 tendría sentido seguramente la supresión del delito de sedición, pero lo que se hace ahora es poner la justicia al servicio de los intereses políticos espurios. El Gobierno ya indultó en 2021 de forma generosa a los condenados por el procés, y lo hizo cuando ya habían cumplido la mayor parte de la pena de prisión. Fue una forma de rebajar la tensión en Cataluña y, aunque la medida recibió no pocas críticas por parte del PP, el tiempo ha demostrado que fue una medida acertada. Pero lo que se hace ahora es eliminar un delito, la sedición, con lo que las penas de inhabilitación quedarán rebajadas a la mitad, para que Oriol Junqueras y los otros condenados puedan volver a ejercer cargos públicos en muy poco tiempo.

El delito que sustituirá a la sedición rebaja las penas máximas de 15 a 5 años y la inhabilitación, a 8 años

Eliminar la sedición del Código Penal sirve para cimentar el pacto de ERC con el PSOE. A corto plazo es cierto que apacigua aún más las aguas en Cataluña y que completa el perdón por lo sucedido en el otoño del procés. Los republicanos se apuntan un buen tanto porque, aunque no han logrado la amnistía que reclamaban, la supresión de ese delito se le acerca bastante. Su posición se fortalece frente a Junts y Carles Puigdemont, cuyo futuro político se está complicando mucho. Pero modificar el Código Penal de forma tan parcial para satisfacer intereses políticos es una mala praxis. Al margen de algunas ventajas inmediatas, no fortalece a la democracia si en el futuro los separatistas lo vuelven a hacer.