El Gobierno acaba de aprobar y enviar al Congreso una de las proposiciones de Ley quizás más polémicas de su mandato. El delito de sedición, que se venía aplicando hasta ahora, reduce de manera notable sus premisas y desaparece del Código Penal para quedar reducido a un delito por desórdenes públicas, que supondrá una reducción de las condenas. En términos religiosos el delito pasa de ser grave a ser venial.

Seguramente el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez tendrá sus razones para adoptar esta decisión y argumentos para defenderla, pero parece bastante evidente que por mucho que se valore la tranquilidad que se vive ahora en los territorios independentistas, no gustará a la inmensa mayor parte de los ciudadanos. Favorece, si es que no contribuye, a que los partidarios de la independencia de su territorio puedan intentarlo con menor riesgo.

Se trata sin duda de uno de los acuerdos adoptados en la mesa de negociaciones entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. A cambio, el Gobierno se asegura el apoyo de ERC al presupuesto que está en debate en las Cortes, algo muy importante en la crisis económica que estamos atravesando, y Aragonés podrá presentarlo como un éxito ante los suyos frente a la división que enfrentan los demás partidos del Proces.

Parece bastante evidente que por mucho que se valore la tranquilidad que se vive ahora en los territorios independentistas, no gustará a la inmensa mayor parte de los ciudadanos

Es indudable que en el debate parlamentario será una propuesta que levantará chispas y que una buena parte de la opinión pública la considerará una decisión temeraria. Incluso la mitad de de los propios catalanes que no quieren la independencia verán con desconfianza un cambio de la Ley que a partir de su aprobación garantizará menos la españolidad de su comunidad.

Los analistas más sensibles ya han avanzado opiniones que critican el cambio por tratarse, en su opinión, de ceder facilidades a los que quieren separarse del resto de los españoles para que lo intenten de nuevo y los que ya lo han intentado vean reducida su condena, el propio Carles Puigdemont, regrese a España, tanto da que sea por su propia voluntad como por la negativa de exilio que reciba en otros países.