Sánchez "estudia" rebajar también la malversación, como le exige ERC

La reforma del Código Penal que han planteado el PSOE y Unidas Podemos y que incluye la supresión de la sedición podría incorporar también una rebaja del delito de malversación. Así lo quiere ERC, que planteará una enmienda en el Congreso en este sentido que, de aprobarse, beneficiaría a los condenados en el juicio del procés y también a los fugados que están procesados por ese delito. El Gobierno de Pedro Sánchez no lo ha descartado. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó ayer que su partido estudiará "en profundidad" cualquier enmienda que se presente a la propuesta de reforma, mientras que desde Unidas Podemos se mostraron partidarios de rebajar las penas para quien haga un uso ilegítimo de fondos públicos pero no se haya lucrado con ello.

La exigencia partió del presidente catalán, Pere Aragonès, quien planteó que el siguiente paso de la negociación, una vez ya pactado que desaparecerá el delito de sedición y se sustituirá por el de "desórdenes públicos agravados", es modificar el de malversación de caudales públicos, ilícito por el que fueron condenados algunos de los líderes del procés como Oriol Junqueras.

Aragonès no concretó cómo cree que se debería reformar dicho delito, pero sí planteó revertir la reforma de 2015 por la que se asimiló la malversación a la "administración desleal", penando de igual modo a quien se lucra con dinero público que al que hace un uso indebido del mismo.

Según el presidente catalán, en próximos días se deberá seguir negociando y "batallando las cosas, que no caen del cielo". "Nos dejaremos la piel, como hemos hecho siempre", avisó, para añadir que su intención es "luchar" ahora contra la "utilización perversa" de la malversación. Eso sí, luego matizó que "la corrupción se debe seguir persiguiendo con fuerza, evidentemente".

"Como pasa con cualquier enmienda, lo que se hará será estudiarla en profundidad", respondió el ministro Bolaños cuando fue preguntado por la exigencia de ERC. En ningún caso descartó, por tanto, que el Gobierno esté dispuesto a reformar también el delito de malversación. Y en idénticos términos se pronunció la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien dijo que los partidos son "libres de presentar cualquier enmienda", que serán "estudiadas".

Después de escuchar a los ministros, el propio Aragonès valoró como una "señal positiva" el hecho de que "no haya un ‘no’ por respuesta" desde la Moncloa.

Y mientras el PSOE prefiere no opinar sobre una propuesta que aún no ha sido planteada formalmente en el Congreso, Unidas Podemos sí tiene su propia sugerencia, al considerar que "la respuesta del Código Penal no puede ser la misma" en los casos en los que la malversación de dinero público lleva al "enriquecimiento personal" del malversador que en los que eso no ocurre.

Lo que Unidas Podemos defiende no es la desaparición del delito de malversación, que "es fundamental para perseguir la corrupción" y "debe seguir existiendo". De lo que son partidarios los morados es de que el Código Penal diferencie entre los delincuentes que consiguen un "lucro personal" desfalcando las arcas públicas y los que son culpables de una malversación con la que, sin embargo, no se han enriquecido. Para estos últimos casos, planteó el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, las penas deberían ser menores que los hasta ocho años de prisión con las que se castiga ahora mismo la malversación.

El caso de Griñán

La posible reforma del delito de malversación para quienes no se hayan lucrado con dinero público tendría otro claro beneficiario, aparte de los exdirigentes independentistas: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE.

Desde que el Tribunal Supremo confirmó las condenas por esta macrocausa de corrupción, el PSOE siempre se ha afanado en dejar claro que Griñán no se enriqueció con el dinero público dirigido a prejubilaciones. "No se llevó ni un céntimo", llegó a afirmar Pedro Sánchez tras conocer la sentencia.

Griñán aún está a la espera de saber si deberá entrar ya en prisión, como pide la Fiscalía Anticorrupción, o el tribunal que le condenó acepta esperar a que se resuelva la petición de indulto que el expresidente andaluz ha dirigido al Ejecutivo de Sánchez.