El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enfriado este miércoles la posible contrarreforma de la ley del 'solo sí es sí' que Moncloa deslizó ayer tras conocerse que diferentes jueces habían rebajado las penas a condenados por abuso sexual ha pedido esperar a que los tribunales y la Fiscalía "unifiquen criterios" en torno al espíritu del articulado, que fue "el de reforzar la seguridad de las mujeres". El jefe del Ejecutivo ha evitado así la confrontación con los magistrados, a los que Unidas Podemos señaló, y también con sus socios, que se muestran reacios a cambiar la ley, uno de sus grandes logros en estos casi tres años de coalición.

"La voluntad del poder ejecutivo y del legislativo fue reforzar la seguridad de las mujeres al identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión para que haya penas más agravadas", ha resumido Sánchez en una comparecencia ante periodistas en Bali, donde se ha celebrado la Cumbre del G-20, marcada por la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero. El presidente ha insistido en esa intención, "que es una gran conquista del movimiento feminista", y ha asegurado que "ahora" corresponde a los tribunales y a la Fiscalía "unificar doctrina". "Vamos a ver qué nos dicen los tribunales y a partir de ahí veremos qué pasos dar", ha declarado.

Las declaraciones del presidente llegan un día después de que se conocieran los primeros casos de rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales e incluso de delitos que pasan a quedar sin efecto tras la aprobación de la norma, que entró en vigor hace apenas un mes. El articulado, que modificó la horquilla de castigos penales al eliminar la distinción entre abuso y violación, está sacando a relucir lagunas en su efectividad a la hora de condenar las agresiones, especialmente a menores de edad.

Esto provocó que desde el sector socialista de la coalición se llegase a plantear una nueva contrarreforma que ahora Sánchez enfría por los posibles movimientos sísmicos que provocaría dentro del Gobierno, ya que Unidas Podemos es contrario. Según expuso María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, es evidente que la ley no se llevó a cabo con el objetivo de que se pudieran rebajar las penas por abuso a menores, como ha ocurrido, sino "todo lo contrario", por lo que señaló que "habría que estudiar tanto las sentencias, para ver en qué cuestiones se ampara, como el propio texto legal".

Los 'morados' se habían mostrado reticentes anteriormente a cualquier cambio legal. Por contra, señalaron directamente a los jueces. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, descartó que el problema resida en la norma, sino en la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo que se está haciendo de ella". "Con una debida formación, esto no habría sucedido", señaló. Unas declaraciones que Sánchez no ha compartido. "No he dicho que el problema sea de los jueces, sino que hay que dejarles trabajar. Lo importante es subrayar la finalidad del Ejecutivo", ha lanzado el presidente.