Los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno de España han presentado una proposición de ley para modificar el Código Penal en relación con el delito de sedición.

La clarificación de los tipos penales, la delimitación del contorno, así como la definición del bien jurídico protegido, han de ser elementos a tener en cuenta a la hora de afrontar reformas relativas al Código Penal, en consonancia con nuestro entorno europeo y con los cambios sociales, máxime cuando entre la redacción del redactado original y la actualidad han transcurrido dos siglos.

La reforma integral del delito de desórdenes públicos, con una nueva regulación donde se establece un tipo básico y otro agravado, responde a esta voluntad del legislador de clarificar el tipo penal (qué es lo que se penaliza exactamente), cuál es el bien jurídico a proteger y cómo se lesiona o pone en peligro.

El nuevo artículo 557 establece que la actuación en grupo, el atentado contra la paz pública o el uso de violencia o intimidación son los elementos que configuran el contorno del tipo penal básico, sobre el que se construye un nuevo tipo agravado para aquellos casos donde se pone en peligro el orden público.

Esto no resta validez ni vigencia al mantenimiento de otros tipos penales como la rebelión, dejando intacta la defensa del Estado cuando este se vea afectado por un intento de socavarlo.

Esta es una buena reforma que mira al futuro y responde a la necesidad de adecuar la legislación española con la de los países de nuestro entorno. Y ante una derecha instalada en 2017, el Gobierno de España está liderando la nueva realidad de 2022, donde la ciudadanía catalana mayoritariamente quiere pasar página, y donde el independentismo, otrora inflamado y crecido ante los gobiernos del PP, se muestra ahora decepcionado y claramente agotado.