Así llegó España a deber 1,5 billones: más de la mitad de los meses desde 2008 cerraron con récord histórico de deuda

España rompió la barrera psicológica de los 1,5 billones de euros de deuda pública en septiembre, un dato que el Banco de España hizo público el jueves y que es el reflejo de más de una década en la que se han encadenado las crisis económicas. La institución informó ayer de que el pasivo español alcanza ya los 1,504 billones de euros, de los cuales la mayor parte (1,329 billones) obra en manos del Estado. 

Sin embargo, aunque en términos brutos estamos ante el mayor volumen de deuda pública de la historia, si se mide el pasivo como lo hacen las reglas fiscales europeas (es decir, en relación con el tamaño de la economía), la situación de España ha mejorado en los últimos meses. Actualmente, la deuda alcanza el 116% del PIB, 10 puntos por debajo del máximo histórico del 126% registrado en el primer trimestre de 2021. Estas cifras sitúan a España como el cuarto país de la UE con más deuda sobre el PIB (116%), solo por detrás de Grecia (182%), Italia (150%) y Portugal (123%).

La montaña de deuda que ha acumulado la hacienda española no es flor de un día. Es el resultado de un proceso que arranca con el hundimiento de la economía mundial en 2008 y que no tiene un final claro en el horizonte. Un periodo por el que han transitado cinco ministros de Economía (Pedro Solbes, Elena Salgado, Luis de Guindos, el efímero Román Escolano y Nadia Calviño); y en el que España ha tenido que afrontar tres crisis diferentes: la gran recesión, la pandemia y, ahora, la que ha causado la guerra de Ucrania.

Desde que Lehman Brothers quebró en septiembre de 2008 y hasta septiembre de 2022 han transcurrido 168 meses. De ellos, en 98 se superó el máximo histórico de deuda bruta anterior, lo que implica que en casi el 60% de los meses de ese periodo se estableció un nuevo récord. El mayor volumen de pasivo surgió tras la primera y más profunda de las crisis: la gran recesión, de la que España no logró salir hasta 2014.

Entre septiembre de 2008 y diciembre de 2014 la deuda española se multiplicó por 2,7: pasó de 403.722 millones de euros a 1,08 billones. Los sucesivos gobiernos que tuvieron que hacer frente a la crisis en ese periodo se enfrentaron a un panorama trágico. El estallido de la burbuja catapultó el paro, que llegó a alcanzar el 26%, lo que redujo dramáticamente los ingresos que el Estado recibía vía impuestos (la recaudación por IRPF e IVA, que son las fuentes que más aportan, se desplomó). 

Para suplir esta falta de ingresos, el Estado tuvo que recurrir a la deuda. Además, la hacienda pública tuvo que hacer frente a un fuerte aumento de las prestaciones por desempleo, se rescató a los bancos y la administración central tuvo que salir al rescate de las comunidades autónomas. Todo ello provocó una tormenta perfecta sobre las finanzas públicas que se vio agravada por la pérdida de confianza de los inversores. La delicada situación de las arcas públicas llevó a los inversores a exigir grandes rentabilidades para comprar el pasivo español, lo que agregó aún más peso a la deuda. 

Tras la gran recesión y hasta el estallido de la pandemia en marzo de 2020, la deuda siguió aumentando, aunque lo hizo más pausadamente. Sin embargo, la llegada del coronavirus agregó aún más tensión a las finanzas públicas que ya acumulaban una deuda por valor del 100% del PIB. Entre febrero de 2020 y hasta septiembre de este año la deuda se disparó un 22%, es decir, casi 270.000 millones más destinados a pagar los ERTE, refuerzos en sanidad y educación, vacunas contra el virus. El Gobierno optó por que fuera la administración central quien absorbiera el grueso del impacto fiscal, transfiriendo miles de millones a las comunidades autónomas a través de los fondos Covid.

Ahora, transcurrido lo peor de la pandemia, las medidas para hacer frente a la inflación están añadiendo todavía más presión a las cuentas públicas. El paquete de rebajas fiscales a la energía y las ayudas directas (especialmente el descuento a los combustibles) le costarán a la hacienda pública casi 20.000 millones en 2022, según estima la Airef.