Menores, aval de un juez, cambio registral... Estas son las enmiendas del PSOE que alejan un acuerdo con Podemos sobre la ley trans

Las posturas entre Unidas Podemos y el PSOE sobre la ley trans parecen irreconciliables. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado este lunes que el PSOE le ha comunicado que no habrá acuerdo sobre la Ley Trans, por lo que presentarán enmiendas al texto esta semana y eso se traducirá en que el texto no se podría aprobar este año 2022.

Los cambios que propone el PSOE a la ley trans son sustanciales. Pese a que prometió no tocar uno de los corazones de la norma -la autodeterminación de género-, y así lo han cumplido, los socialistas han registrado cerca de medio centenar de enmiendas que modifican algunos de los puntos más polémicos: los que atañen a menores de edad, aquellos que contemplan revertir el cambio registral y la eliminación del concepto de "violencia intragénero" son algunos de ellos.

Así, plantean que los menores de 16 años sí necesiten una autorización judicial para poder cambiarse de sexo, y sugieren que la reversibilidad (el volver a cambiarse de sexo una segunda vez) requiera también del aval de un juez, y no únicamente que hayan pasado seis meses, como establece el texto inicial.

Autorización judicial para los menores de 16 años

Una de las modificaciones se centra en las disposiciones relativas a los menores de edad. El texto actual contempla que los adolescentes de 14 a 16 años puedan hacer una rectificación registral únicamente con autorización parental o, de haber conflicto, mediante un mediador judicial. Para los de 12 y 14 años sí que exige una autorización judicial, aunque en todos los casos se eliminan los requisitos vigentes en la legislación actual que obligan a haber sido diagnosticado con "disforia de género" y haberse sometido a, por lo menos, dos años de hormonación.

Pues bien, la propuesta del PSOE endurece los pasos para los menores y eleva a los 16 años la condición de que, para que puedan cambiarse de sexo en el DNI o el pasaporte, requieran de un aval judicial. Los socialistas justifican este cambio amparándose en el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que consideró que no era adecuado legitimar a los menores de entre 14 y 16 años para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo con solo la autorización de los padres. El órgano consultivo sostuvo en su duro informe que, a esa edad, los menores carecen del "suficiente grado de madurez" y que se corre el riesgo de que su "situación de transexualidad no esté estabilizada".

Aval de un juez para revertir un cambio registral

Otra de las más de 15 enmiendas registradas por el PSOE toca el precepto del texto que contempla la posibilidad de revertir un cambio registral de sexo ya aprobado. El articulado negociado en el seno del Gobierno contempla la posibilidad de que una persona pueda volver a cambiar su sexo en el Registro Civil, siempre que hayan pasado seis meses y con un límite de tres modificaciones. Es decir, que si una persona se ha cambiado el sexo en el DNI o el pasaporte, solo podrá revertirlo dos veces más, y con un periodo de seis meses entre cambio y cambio.

Lo que proponen los socialistas es que, desde el segundo cambio, se requiera de la intervención de los tribunales para la reversibilidad de la mención registral. Este cambio y el que atañe los menores, según argumentan fuentes del PSOE, aspira a que el texto sea "garantista" y a evitar la posibilidad de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC), como ya avanzó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Eliminar el término de "violencia intragénero"

Sobre este punto ya vienen avanzando modificaciones. En medio de todo el revuelo que se generó al prorrogar el periodo de enmiendas, el PSOE ya reconoció tener "dudas" sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género, contemplada en el artículo 65 de la ley trans.

De este modo, proponen eliminar directamente el concepto de violencia "intragénero" introducido en la ley que lo iguala con la violencia de género, y simplemente equipararlo a los mismos derechos laborales y de la Seguridad Social que se contemplan en el ámbito de la violencia familiar y doméstica.