Mientras el mundo alcanzaba hace unos días la cifra de 8.000 millones de habitantes, la cumbre del clima celebrada en Egipto se saldaba con un acuerdo de mínimos, que es tanto como un fracaso, sin que a los grandes países contaminantes les alarmase mucho el récord de emisiones de CO₂ con el que se cerrará 2022. El desafío al que se enfrenta la humanidad por el calentamiento global es enorme y nadie puede rehuir sus obligaciones ni excusarse en lo que no hace su vecino. Tampoco en España podemos hacernos trampas al solitario con la energía. En este sentido, el cierre gradual a partir de 2027 de las centrales nucleares que plantea el Gobierno es irresponsable. La energía atómica, que actualmente supone algo más del 20% de la producción eléctrica en España, no solo es limpia en emisiones de gases con efecto invernadero, sino que proporciona estabilidad a la red. Pues bien, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) del Gobierno no solo plantea el cierre de las nucleares, sino que prevé aumentar en un 16% la producción eléctrica con gas natural, lo que incrementará inevitablemente las emisiones de CO₂, por mucho que se multiplique también la energía eólica, fotovoltaica y solar termoeléctrica.

Cuestiona esa estrategia, la cual, digámoslo claramente, responde a razones ideológicas, no científicas 

Como denuncia el ingeniero Alfredo García, conocido en redes sociales como @OperadorNuclear, en su nuevo libro Geoestrategia de la bombilla. Energía nuclear para un cielo limpio, es injustificable no prorrogar la vida útil de nuestras centrales nucleares, cuando pueden seguir funcionando con total seguridad durante bastantes más años. Y cerrarlas además a cambio de pagar un precio más caro por la energía y aumentar las emisiones de gases contaminantes. La Agencia Internacional de la Energía, si bien aplaude el esfuerzo gubernamental a favor de las renovables, también cuestiona esa estrategia, la cual, digámoslo claramente, responde a razones ideológicas, no científicas, y sitúa a España, junto a Alemania y Bélgica, como una excepción mundial. Somos uno de los pocos países donde predomina un ecologismo que antepone el viejo y caduco discurso antinuclear a la lucha prioritaria contra el cambio climático. El ecologismo de la vicepresidenta Teresa Ribera es antiecologista.

No obstante, en 2023 todavía hay una última oportunidad para rectificar, pues el plan de cierre de las nucleares pactado con las empresas propietarias (Endesa, Iberdrola y Naturgy) se debe revisar si no se cumplen algunos objetivos, entre ellos la garantía de suministro ante la variabilidad de las renovables (si falta viento, no hay suficiente sol o hay sequía). Por desgracia, 2023 es un mal año porque hay elecciones y aún hay quien piensa, sobre todo en la izquierda, que ser antinuclear da votos. Se equivoca. Ya no.