Juan Carlos Campo, el ministro que firmó los indultos del 'procés' y cuestionó la ley del 'solo sí es sí'
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Esta designación llega poco más de un año después de su salida del Gobierno y en un momento en el que paradójicamente la actualidad viene marcada por la ley del 'solo sí es sí', cuya controversia Campo conoce bien, ya que fue una de las voces que cuestionó la norma antes de su aprobación.
El futuro magistrado del Tribunal Constitucional fue elegido por Pedro Sánchez en enero de 2020 para ocupar la cartera de Justicia del entonces naciente Gobierno de coalición, sucediendo a la que un mes después se convertiría en fiscal general, Dolores Delgado. Aquel no era el primer cargo político del sevillano, que, pese a acceder a la carrera judicial a sus 34 años en 1987, ha desempeñado buena parte de su trayectoria en el terreno político, siempre vinculado al PSOE.
En concreto, ya había sido director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001, secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, y diputado en el Congreso de los Diputados entre 2019 y 2020.
Una vez sentado en el Consejo de Ministros, Campo protagonizó un choque con los socios de coalición y, en particular, con el Ministerio de Igualdad a cuenta de la ley del 'solo sí es sí', al criticar la calidad técnica de la norma que ha acabado provocando decenas de reducciones de penas, en contra de su intención. El entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, llegó a responder a los reproches afirmando que "en las excusas técnicas" había "mucho machista frustrado". La tensión se rebajó poco después, cuando la ley fue presentada en el Consejo de Ministros como un trabajo "codo con codo" entre ambas carteras para perfilar el texto.
Ese no fue el único episodio convulso del magistrado. Campo fue quien firmó y defendió en junio de 2021 los indultos a Oriol Junqueras y a otros ocho condenados por sedición y malversación en el procés, pese a las críticas de la oposición, de la Fiscalía y del propio Tribunal Supremo. Ese fue el último servicio del sevillano al Gobierno de Pedro Sánchez, que lo sustituyó apenas un mes después por la actual ministra, Pilar Llop, dejando como tarea pendiente precisamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que él mismo fue vocal entre 2001 y 2008.
Además, como titular de Justicia, Campo impulsó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretendía adaptar la normativa española, intacta desde el siglo XIX, a las exigencias de la Fiscalía europea. La remodelación, cuyo anteproyecto fue aprobado en noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros, otorgaba el protagonismo al Ministerio Público en la fase de instrucción, en detrimento del juez, y se topó con la oposición de los fiscales y jueces, debido a las carencias de una plantilla a la que se le atribuían más cometidos.
Tras su salida del Gobierno, el sevillano volvió en septiembre del año pasado a la Audiencia Nacional, donde se reincorporó a su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. Durante estos meses de vuelta a la carrera judicial, Campo se ha apartado de las causas políticas como el caso Kitchen, dada su vinculación al Gobierno, un vínculo que ahora le ha valido el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional.