"Un nuevo asalto a las instituciones, colocando a un ministro y a una asesora en el Tribunal Constitucional". Así calificó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los nombramientos que ha hecho el Gobierno en el turno que le correspondía para renovar el tribunal de garantías. Dos nombres muy vinculados al PSOE como son el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez que no solo han suscitado las críticas de los populares, sino también de Vox y Ciudadanos e incluso de algunos socios del Ejecutivo, que no ven con buenos ojos una elección que consideran un claro caso de puertas giratorias.

Con este movimiento aprobado este martes en Consejo de Ministros, el Gobierno quiere también meter presión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano al que corresponde realizar los otros dos nombramientos para terminar de renovar el Constitucional y cuya mayoría conservadora lleva varios meses retrasando bajo el argumento de que no encuentran candidatos idóneos para la designación. El CGPJ ha convocado un Pleno el próximo 22 de diciembre y podría ser ese día cuando los vocales propongan finalmente a sus candidatos al TC.

Las críticas al perfil político de los nombres propuestos por el Gobierno fueron una constante en el día de ayer. El Ejecutivo, por boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se afanó en defender su perfil idóneo para el cargo debido a su dilatada experiencia, pero el hecho de que tanto Campo como Díez hayan tenido hasta hace poco cargos en el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a la oposición a sembrar las dudas sobre su imparcialidad. 

"El Gobierno se nombra a sí mismo magistrado del Constitucional. No cabe mayor intervención de un Ejecutivo en el Alto Tribunal", sostuvo la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, tras denunciar que el Gobierno en lugar de darles un cargo en el TC, "lo que hace es darles un encargo de lo que serán sus funciones". También subrayó que con estos puestos será la primera vez que en el Constitucional "estén personas sobre las que el propio tribunal ha declarado inconstitucional algunas de sus iniciativas, como los estados de alarma o los reales decretos leyes de las clases pasivas y el que introducía a Iglesias en el CNI".

"No pasará desapercibido para Europa"

El PP fue más allá al advertir de que esta "intervención" no pasará "desapercibida ante los ojos de la Unión Europea". Una Comisión Europea que precisamente hace unos meses envió a su responsable de Justicia, Didier Reynders, para conocer de primera mano la situación de bloqueo del CGPJ, que se alarga ya casi cuatro años, y la situación de la justicia en España ante las denuncias del PP de su politización. 

Ayer, el PP volvió a apoyarse en Europa. "En ningún país de la UE se aceptaría, es una vulneración total de la separación de poderes y el Estado de derecho", agregó el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien espera que "el Gobierno sea capaz de rectificar de este error" para no tener que denunciarlo ante Bruselas. 

En todo caso, que exmiembros del Gobierno pasen directamente al TC de un país "va a llamar la atención de la UE", aseguró Pons. "No es algo que deba decirle a Reynders para que sea conocido. Estoy convencido de que esto va a aparecer en el informe sobre el Estado de Derecho que se publicará en junio y condicionará la presidencia española" de la UE, prevista para el segundo semestre de 2023.

También Ciudadanos y Vox se sumaron a la denuncia por estos nombramientos. El portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, tildó la noticia de "tropelía" y, con un tono irónico, recordó el día en que Félix Bolaños dijo "que había llegado a un acuerdo para desjudicializar la política". Por ello, auguró que Sánchez pasará a la historia como el presidente "más nocivo para la división de poderes y respeto que se debe tener a los órganos constitucionales del Estado". 

En este mismo sentido se manifestó el presidente de Vox, Santiago Abascal: "El exministro de Justicia, el mismo que redactó los indultos a los golpistas, ahora es colocado en el Constitucional. El autócrata sabe que solo podrá destruir España si destruye la independencia de todas las instituciones que aún quedan en pie. Solo cabe una oposición frontal", dijo en su cuenta de Twitter. También en rueda de prensa relacionó los nombramientos con "el poco respeto que tiene [Pedro Sánchez] por las instituciones y la independencia" y que hace "cada vez más evidente que este PSOE tiene aires totalitarios y desea controlar todos los órganos".

Los socios del PSOE, tanto Unidas Podemos como los parlamentarios como ERC o Más País, celebran que el Gobierno dé el paso de renovar un TC que tiene cuatro de sus miembros en funciones desde el pasado junio, aunque sí han reprochado la elección de dos ex altos cargos que hasta hace poco formaban parte del Ejecutivo.

Los nombramientos del Gobierno tendrán que esperar

Los candidatos que se proponen para el Constitucional, los proponga quien los proponga -Congreso, Senado, Gobierno o CGPJ-, tienen que obtener el visto bueno del propio tribunal. Pero aunque en esta ocasión el Ejecutivo ya haya propuesto a sus aspirantes, el tribunal de garantías esperará primero a ver si el CGPJ nombra a los dos que le corresponden, el próximo 22 de diciembre, antes de comprobar si cumplen con los criterios de idoneidad, según han informado fuentes del TC a Europa Press.

Y es que el TC se renueva por tercios, es decir, cuatro magistrados en cada renovación, según establece la Constitución, y esta vez le tocan dos al Gobierno y dos al CGPJ. Por eso, al haber un Pleno convocado del órgano de gobierno de los jueces en unas semanas, será después cuando decida cómo proceder. En todo caso, desde el Constitucional aseguraban ayer por la tarde que no habían recibido aún la comunicación del Gobierno con sus candidatos.