El Conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha anunciado esta mañana en comisión en el Parlament que el Govern asumirá la deuda eléctrica de 2021, y que intentarán al mismo tiempo condonar la de 2022. Se trata de las facturas que 41.000 familias vulnerables no han podido pagar. Carles Campuzano ha asegurado que “no podíamos aceptar que la deuda siguiera persiguiendo a las familias".
Según ha comentado el conseller, fue “"una de las primeras decisiones que tomamos al aterrizar en la conselleria para empezar los trámites administrativos y poder dejarlo resuelto en los próximos días".
La última condonación de deuda se realizó en marzo de 2021, y por este motivo, las entidades sociales llevaban casi tres meses pidiendo a la Administración que cumpliese sus acuerdos y los compromisos adquiridos con Endesa.
"Una de las prioridades del Govern es afrontar el escenario de crisis y reforzar las redes de protección social, con especial atención a la pobreza energética". Carles Campuzano, conseller de Derechos Sociales de la Generalitat.
Durante su comparecencia, Campuzano ha admitido que "una de las prioridades del Govern es afrontar el escenario de crisis y reforzar las redes de protección social, con especial atención a la pobreza energética". En este sentido, el conseller ha indicado que el 15,9% de los hogares catalanes no se pueden permitir mantener una temperatura adecuada, porcentaje que sube hasta el 16,9% en el caso de familias con menores de 16 años.
Funcionamiento deficiente
El conseller de Derechos Sociales ha denunciado que el bono social no funciona “de manera adecuada”. Según datos de su departamento, en Cataluña hay alrededor de 30.000 familias vulnerables que tendrían que recibir el bono eléctrico y no lo están haciendo, bien sea por la dificultad de cumplimentar las solicitudes, como por las condiciones de acceso o problemas burocráticos.
Por este motivo, Campuzano ha comentado que “se ha de reformar el bono eléctrico, simplificar su acceso y ampliar su cobertura”. Además, el titular de Derechos Sociales ha reclamado que el bono eléctrico “se gestione desde la Generalitat”, igual que se hace con el bono térmico.
“Es probable que la gran deuda que se genera con Endesa se pueda explicar por esta falta de acceso al bono eléctrico” de muchas familias catalanas, ha sentenciado.
Para concluir su intervención sobre pobreza energética, Carles Campuzano ha reclamado que las empresas energéticas también cumplan su parte del pacto, ya que “nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones” y el acuerdo también establece obligaciones para las compañías, “más cuando tienen grandes beneficios”.
Retos presentes
El conseller ha querido poner de manifiesto los retos que se ciernen sobre la sociedad catalana, que aún no ha “superado las cicatrices de la crisis del 2010, estamos afrontando aún las consecuencias de la crisis del Covid, y nos enfrentamos a las consecuencias de la guerra de Ucrania”, sobre todo por lo que respecta a los precios de la energía y a la inflación que ha generado en todos los productos, “sobre todo en la alimentación, con el IPC más alto de todos con un 14%”.
"El incremento del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña, el IRSC, del 8% hasta los 615 euros, tiene un valor histórico indiscutible”. Carles Campuzano, conseller de Derechos Sociales de la Generalitat.
En este contexto, Campuzano ha manifestado que "el incremento del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña del 8% hasta los 615 euros tiene un valor histórico indiscutible”. Este indicador no se actualizaba desde 2010 y llega tras un pacto entre el Govern, las patronales Foment del Treball y Pimec, y los sindicatos UGT y comisiones Obreras. Según el conseller de Derechos Sociales, este incremento del IRSC permitirá a más personas y familias acceder a prestaciones ya que es la referencia para valorar las situaciones de necesidad y da derecho o no a las prestaciones. Además, condiciona la cuantía de la ayuda.
Renta Mínima Garantizada
Respecto a las prestaciones, Campuzano también ha hecho referencia en su comparecencia a la Renta Mínima Garantizada, que como su nombre indica, aporta ingresos a las personas o familias para que puedan desarrollar una vida digna.
Sobre esta medida, el conseller ha afirmado que “está funcionando razonablemente bien”. Según datos del departamento, se trata de una prestación efectiva para afrontar la pobreza severa, ya que 7 de cada 10 hogares que la reciben logran superar situaciones de pobreza severa.
La cantidad mínima de esta prestación es de 717, la segunda más alta de España solo por detrás de la del País Vasco que está “alrededor de los 800 euros”, según el conseller. Campuzano ha querido compararla con la Renta Mínima de Madrid, que ha indicado que está en “alrededor de 400 euros”.
La prestación máxima mediante esta ayuda es de 1304 euros. La marcha de la economía hace presagiar que el próximo año habrá un fuerte incremento de familias con derecho a esta prestación como ya lo hubo en 2021, y por ello la Generalitat ha calculado que el gasto aumentará un 153%.
Cataluña acumula el mayor número de beneficiarios de esta prestación de Renta Mínima Garantizadas, que según Carles Campuzano, es muy efectiva en “familias reducidas, con pocos miembros, pero bastante menos eficaz en familias con más componentes”. Además, también ha querido denunciar que el Ingreso Mínimo Vital, que se implantó desde el Gobierno, central no está funcionando, y que los problemas burocráticos que genera interfieren en muchas ocasiones con la Renta Mínima Garantizada y los ciudadanos se quedan sin prestación.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios