Hace un mes y medio, el Gobierno le dio la vuelta al "malestar" que le generó la decisión de las eléctricas de reflejar el coste del ajuste por el mecanismo ibérico en la factura de la luz y las obligó a introducir información relativa al ahorro que genera el límite al precio del gas, así como la rebaja del IVA y otros impuestos o cuánto pagan consumidores semejantes en un mismo código postal, para que los usuarios pudieran comparar y, en su caso, cambiar de compañía. Sin embargo, este golpe de efecto todavía no se ha hecho efectivo debido a trámites y plazos imprecisos o directamente incumplidos, no por parte de las 'afectadas', las eléctricas, sino del propio Ministerio de Transición Ecológica.
El decreto-ley que detalla los nuevos datos que tiene que figurar en las facturas de la luz para hacerlos más comprensibles y más "transparentes" y para informar a los consumidores de formas de ahorrar se aprobó en el Consejo de Ministros del 18 de octubre y en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó que aparecerían "reflejados en las facturas que lleguen a nuestros hogares a partir del mes de diciembre".
Diciembre ya ha empezado y, de momento, lo único que se sabe de la nueva factura es que el jueves pasado se cerró la audiencia pública que abrió el ministerio para cumplir con el desarrollo reglamentario de esta ley, ya que para modificar los términos que aparecen en la factura es necesaria una resolución de la la Dirección General de Política Energética y Minas, a la que corresponde precisar qué deben reflejar los nuevos conceptos. El ahorro por el mecanismo ibérico, lo que se habría pagado sin él, la rebaja del IVA al 5% o lo que se paga por la luz entre consumidores similares dentro del mismo código postal, entre ellos.
La CNMC va tarde
Sí queda claro que ya se ha sobrepasado el único plazo que figura de forma más o menos precisa en una ley que no detalla del todo el plazo en el que las eléctricas tenían que incorporar los cambios. Mientras, el ministerio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pasan la pelota y el sector eléctrico le da una patada para alejarla todavía más de la portería.
Entre tanta imprecisión, ya se pone en duda que la nueva factura vaya a estar lista ni siquiera para el 1 de enero de 2023. Este también es un plazo más imaginario que real, admiten en el sector, que coincidiría con el momento el que Transición Ecológica cuenta con tener lista una reforma de mucho más calado, una nueva tarifa regulada de la luz, de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), a lo que se comprometió con la Comisión Europea para ver autorizada la 'excepción ibérica'.
La nueva factura de la luz forma parte de un decreto-ley del 16 de octubre con numerosas medidas de ahorro energético, como la creación de una tarifa regulada de gas para la calefacción central. Entró en vigor cuatro días después de aprobarse, aunque aunque la inclusión de los nuevos conceptos en la factura de la luz quedó aplazada y supeditada a un trámite previo, a que la CNMC tuviera listo un fichero de intercambio de información entre distribuidores y comercializadores de electricidad para que todos los clientes, lo sean de la compañía que sea, tengan información en sus facturas de lo que pagan por la luz dentro de su mismo código postal otros consumidores similares.
La ley disponía que la CNMC debía establecer este fichero "en un plazo inferior a un mes", que se superó el 19 de noviembre. Sin embargo, el organismo regulador no lo considera un retraso porque aduce que para proceder a este intercambio de ficheros antes tiene que finalizar una audiencia pública que convocó el Ministerio de Transición Ecológica dos días después de aprobarse el decreto-ley porque determinar qué nuevos conceptos incorporar a as facturas y de qué manera requería un desarrollo reglamentario.
Borrador de la nueva factura
Se trata de un trámite necesario aunque el ministerio ya tiene listo el borrador de cómo debería ser la nueva factura de la luz en el mercado regulado, PVPC. Las comercializadoras del mercado libre diseñan las suyas propias, pero tendrán que incluir todos los nuevos elementos que señala Transición Ecológica. Según su borrador, bastarían tres páginas -algunas comercializadoras emplean hoy hasta cinco- para reflejar el importe, los consumos o el desglose de los distintos conceptos.
Como novedades, detalla también cómo se debe reflejar el precio de la luz con mecanismo ibérico, el que habría tenido sin él y el coste del ajuste; a qué se destina el importe de la factura (energía, impuestos, cargos y peajes, etc), la contribución a financiar el bono social, la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad, información sobre cómo reclamar y un link y un código QR que dirigirá al consumidor a la página de la CNMC donde podrá comprar precios de las distintas comercializadoras.
Con tal nivel de detalle, se espera que la resolución definitiva por parte del Ministerio llegue en cuestión de días después del cierre este jueves de la audiencia pública pero todavía quedará el trámite en la CNMC, que no guarda relación con el trámite anterior y que podría haberse hecho ya. Según el decreto-ley, debería haber finalizado antes del 19 de noviembre, un mes después de que la ley se publicara en el BOE y entrara en vigor.
Ni el 1 de enero
En este río revuelto de plazos y trámites dentro del Ministerio, varias compañías eléctricas consultadas por este diario aseguran que cumplirán en todo momento con la "normativa vigente", pero desde el sector se desliza que de momento se desconoce cuándo será obligatorio reflejar en las facturas conceptos que en unos casos corrigen su decisión de reflejar sin más el ajuste en la factura por el pago adicional del gas para generar electricidad y, en otros, dan información y pistas a sus clientes para que cambien de compañía.
De momento, fuentes del sector indican que es el Gobierno el que va "mal de tiempo" para el cambio de la factura, que las compañías no podrán hacer de un día para otro. Piden más tiempo e incluso ponen en duda de que los cambios sean ya una realidad ni siquiera para el plazo simbólico del 1 de enero de 2023.
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