Becarios precarios

A un estudiante que desarrolla un período de formación práctica en una institución o empresa se le llama coloquialmente becario: un término engañoso porque da a entender que percibe una beca, una asignación monetaria. La realidad es que las prácticas no remuneradas son la norma, no la excepción. Bajo la excusa de que se trata de una experiencia académica y no profesional, hemos normalizado una anomalía gravísima de nuestro Estado del bienestar que deja completamente indefensos a miles de jóvenes y les despoja de su dignidad.

La idea original era buena: una estancia formativa al final del grado donde los estudiantes aplican la base teórica y técnica adquirida durante los cursos académicos, de cara a fomentar su profesionalización temprana y facilitar su entrada en el mercado laboral. En teoría, los (mal llamados) becarios no debían ocupar puestos de trabajo, sino continuar su aprendizaje apoyando la labor de la organización, bajo la supervisión de un tutor asignado. Sin embargo, en el país de la picaresca son legión los estudiantes que hoy trabajan jornadas completas con responsabilidades abrumadoras y sin remuneración alguna. El abuso y el fraude están omnipresentes.

Es difícil negar que la falta de regulación actual no es más que una receta perfecta para la cronificación de la precariedad. En respuesta al problema, el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó en octubre el borrador del nuevo Estatuto del Becario. Se trata de un "catálogo de derechos", en palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pretende obligar a las empresas a pagar dietas, limitar el número de becarios al 20% de la plantilla e impedir los turnos de noche y las prácticas extracurriculares, las que no exigen convenio con alguna institución académica.

El Estado es el mayor empleador de becarios precarios

A pesar de que llevar el tema a la agenda pública supone un gran avance, la propuesta se queda corta por dos motivos. Ante todo, será insuficiente cualquier legislación que no parta de la premisa de que el trabajo se paga. Este aspecto es clave para asegurar que los estudiantes con menos ingresos no tengan que elegir entre cursar sus prácticas o buscar un empleo para ganar un salario mientras cursan sus estudios. Y es que el estatuto no prohibirá las prácticas no remuneradas, tan solo exigirá que se cubran los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención.

En segundo lugar, el borrador no incluye provisiones específicas para el sector público. El Estado es el mayor empleador de becarios precarios: ministerios, órganos autonómicos y agencias estatales se aprovechan de miles de jóvenes sin pagarles un euro. La situación es tan crítica que uno llega a pensar que la Administración (y muchas empresas) caerían en el caos si todos los becarios del país no acudieran un buen día a sus prácticas.

A escala europea, organizaciones como el Foro Europeo de la Juventud (que ahora presidirá la española María Rodríguez Alcázar) llevan años luchando por la erradicación de las prácticas no remuneradas. En 2019, la Eurocámara volvió a votar sobre este asunto, afirmando que estas prácticas son "una forma de explotación y violación de los derechos" de los jóvenes. Pero acabar con los becarios precarios sigue siendo la asignatura pendiente.