Ha pasado casi un mes desde que se conociera la posibilidad de que, como previsiblemente ocurrirá, el Gobierno no solo suprimirá el delito de sedición y lo cambiará por el de desórdenes públicos agravados, sino que reformará también la malversación. Desde entonces y hasta ahora, el Ejecutivo -sabedor de la dificultad de explicar este paso y de su posible coste electoral- ha jugado al despiste, enfriando el debate, siendo ambiguo al respecto y negando que existiera una negociación con ERC, partido al que se ha dejado llevar la iniciativa en todo momento y que presentó su propuesta el pasado viernes.

De hecho, fueron los republicanos los primeros en pedir que la reforma del Código Penal no se quedara solo en la sedición. "Igual que hemos eliminado la sedición, ahora hay que reformar la malversación", dijo el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista en RAC 1 el pasado 14 de noviembre. Y dicho y hecho: el texto propuesto busca revertir la reforma realizada por el PP en 2015, en la que los 'populares' asimilaron la malversación a la "administración desleal", penando de igual modo a quien se lucra con dinero público que al que hace un uso indebido del mismo.

Frente a esa concepción, la enmienda de ERC propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel -con una pena de entre seis meses y tres años de prisión e inhabilitación de hasta cuatro años- a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal. Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre dos y seis años de cárcel para "la autoridad o funcionario público que cometiere el delito" de malversación, por lo que se rebajarían las penas máximas a la mitad.

"Como pasa con cualquier enmienda, lo que se hará será estudiarla en profundidad", reaccionó minutos después del anuncio de Aragonès el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que en ningún caso descartó que el Gobierno estuviera dispuesto a llevar a cabo esta contrarreforma. En idénticos términos se pronunció la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien dijo que los partidos son "libres de presentar cualquier enmienda", que serán "estudiadas". Este último argumento ha sido la respuesta oficial del Gobierno hasta ahora. También el de "no pronunciarse sobre futuribles" y el de "dejar trabajar al Congreso", como si el PSOE tuviera autonomía en la Cámara Baja.

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En privado, algunas fuentes socialistas apostaban por enfriar el debate, haciendo malabares para no molestar a ERC con la vista puesta en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que recibieron el visto bueno del Congreso el 24 de noviembre. Día en el que, por cierto, también se inició la tramitación de la reforma de la sedición sin que PSOE, Unidas Podemos o ERC mentaran la malversación. Tan solo Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem, habló de la posibilidad de una reforma del Código Penal más amplia, aunque los morados tampoco han encontrado un punto común respecto a la malversación.

Eso sí, tampoco el Ejecutivo optó por cerrar la posibilidad de reformar la malversación una vez las Cuentas recibieron el visto bueno parlamentario. Y llegó Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en la Cámara Baja aseguró que su partido negociaba con Moncloa en privado. Tal y como pasó con la sedición, el Gobierno lo negó hasta el último momento. "No se está negociando nada", señalaron fuentes del Ministerio de la Presidencia a principios de diciembre. Cinco días después, en la celebración del 44 aniversario de la Constitución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó atrás la tibieza y abrió la puerta a la reforma. "Ya lo veréis", dijo el jefe del Ejecutivo a los periodistas en una conversación informal en la que también añadió que el PSOE presentaría sus propias enmiendas.

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Una reforma "difícil" y con consecuencias imprevisibles

En esa charla, que se produjo en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso, el presidente también insistió en que se hará de forma que no afecte a los condenados por corrupción. Esto significa de facto que la modificación del tipo penal se ajustaría a los delitos por los que fueron condenados los presos del procés. Es decir, afectará a los condenados que no se beneficiaron de forma personal. Lo repitió en público la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Hay una línea roja y es que en ningún caso el grupo socialista va a apoyar ninguna enmienda que de alguna manera favorezca lo que es la corrupción", apuntó en una entrevista en Telecinco el pasado miércoles.

No obstante, las consecuencias de la reforma son imprevisibles, ya que, siempre según fuentes jurídicas, podría obstaculizar la investigación de delitos y "suponer una rebaja en las penas de los condenados". De esto son conocedores dentro del PSOE, cuyas fuentes han admitido durante estas semanas que es un paso "difícil" por el coste electoral que podría suponer.

Según datos del Instituto DYM, el 71,1% de los españoles rechaza cualquier reforma del Código Penal que implique rebajar las condenas por malversación, algo a lo que solo el 10,6% de los encuestados es favorable. Además, el 56,3% de los encuestados considera que la maniobra afectaría negativamente al PSOE en las próximas elecciones, un dato que es ligeramente superior entre los propios votantes socialistas (58,8%).