El Gobierno quiere subir el salario mínimo para 2023 antes de que termine diciembre. Pero, para ello, primero deberá alcanzar un acuerdo entre sus dos alas: la que encabeza la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la que lidera la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión Calviño y Díaz coinciden en la necesidad de elevar el salario mínimo, pero la discusión que habrá en las próximas semanas será sobre la cuantía de este aumento: Trabajo aspira a que ronde el IPC (que el Banco de España prevé que cierre el año en torno al 8,7%), pero Economía quiere rebajar esa cifra.
Las conversaciones formales aún no se han iniciado, ya que el Ejecutivo está esperando a que el comité de expertos del Ministerio de Trabajo -en el que también están representados Economía y Hacienda- termine los trabajos que Díaz encargó en septiembre. A grandes rasgos, este equipo debe actualizar la senda de aumentos del salario mínimo que propuso en 2021, ya que el aumento de la inflación y también el incremento del salario medio por encima de lo esperado las ha dejado desfasadas.
El objetivo declarado del Gobierno es terminar la legislatura con el sueldo mínimo, al menos, en el equivalente al 60% del salario medio, y la clave del nuevo informe de los expertos será fijar una cifra para alcanzar ese objetivo. Lo que parece claro es que el comité de expertos irá más allá de la horquilla inicial que planteó el año pasado, cuando propuso que el sueldo mínimo fuera de un máximo de 1.049 euros mensuales en 14 pagas. Y eso es así porque el salario medio en España creció en 2020 -último año del que hay datos oficiales- un 3,15%, mientras que los especialistas de Trabajo basaron sus primeras recomendaciones en un escenario en el que la hipótesis más optimista era una subida de un 1,8%.
Con estos números, y si se tomara únicamente como referencia el salario medio de 2020 recogido por el INE -algo que no hacen los expertos, que utilizan más fuentes-, el aumento del salario mínimo tendría que ser de 78 euros para que el índice alcanzara los 1.078 euros en 14 pagas, ya que esa es la cantidad a la que asciende el 60% del salario medio. Pero ese no va a ser el único baremo: fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que Díaz quiere tener en cuenta la inflación para que la subida del salario mínimo compense -al menos en parte- el incremento de los precios de los últimos meses.
Y es que la cifra que proponga el comité de expertos no será más que una recomendación que sentará las bases de la decisión final, ya que esta la tomará, en última instancia, el Gobierno, si bien previamente se intentará llegar a un acuerdo con patronal y sindicatos. CCOO y UGT han apostado públicamente por elevar el salario mínimo hasta los 1.100 euros, lo que supondría una subida del 10% de una tacada. La CEOE, por su parte, no se ha cerrado por el momento al pacto, aunque su presidente, Antonio Garamendi, afirmó hace unos días que no comparte que haya que "aplicar el IPC" y deslizó que "hay otra parte del Gobierno que puede estar hablando de subidas más moderadas".
Silencio oficial de Trabajo y Economía
La situación es tal como la retrató Garamendi. Aunque oficialmente por ahora todo el mundo guarda silencio, fuentes próximas a Díaz confirman que ella es partidaria de firmar una subida lo más próxima posible al IPC, que según las últimas previsiones del Banco de España cerrará 2022 en torno al 8,7%. Una subida de ese calibre aplicada al salario mínimo supondría un aumento de en torno a unos 87 euros mensuales, y Calviño quiere limitarla a una cifra menor. Economía, sin embargo, rechaza pronunciarse públicamente hasta que se cierre el informe de los expertos, y lo mismo hace Trabajo, si bien la primera pugna ya está teniendo lugar, ya que la cifra que proponga el comité podría pactarse por unanimidad -lo que implicaría un primer acuerdo entre Díaz y Calviño- o sin ella.
Lo que parece claro, sin embargo, es que la disputa entre las dos vicepresidentas por determinar la cuantía del alza del salario mínimo no tendrá tanta resonancia pública como en los últimos años. Especialmente enconado fue el choque que tuvo lugar en 2021, cuando Calviño se opuso desde el inicio a la subida para, dijo, no torpedear la recuperación económica, y consiguió retrasarla hasta septiembre y limitarla a 15 euros. Por el contrario, este año la vicepresidenta económica no solo no se ha mostrado contraria a un aumento del sueldo mínimo, sino que se mostró expresamente "favorable" al mismo en noviembre.
No obstante, en esas mismas declaraciones, Calviño también llamó la atención sobre que el salario mínimo ha crecido "aproximadamente un 35%" desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Y apuntó expresamente que el compromiso del Gobierno es situarlo en el 60% del salario medio español para 2023, pero no mencionó en ningún momento la vinculación de esta subida al IPC, como sí ha hecho Díaz en numerosas ocasiones apoyándose en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que señala que el sueldo mínimo se establecerá anualmente teniendo en cuenta "el índice de precios de consumo", "la productividad media nacional alcanzada", "el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional" y "la coyuntura económica general".
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