La jubilación de los 'baby boomers' tensionará el gasto en pensiones hasta 2050 y se sumará a la presión del aumento de la esperanza de vida

A falta de tres semanas para que acabe 2022, la Mesa de Diálogo Social se encuentra inmersa en plena negociación para cerrar la reforma de las pensiones antes de final de año. El Gobierno y los agentes sociales tienen sobre la mesa el reto de garantizar la sostenibilidad de un sistema que en las próximas décadas se enfrentará a la jubilación de la generación del 'baby boom'. En 2023 llegarán a la edad legal de jubilación los nacidos en 1957, los primeros de una generación de 14 millones de personas que provocará que en 2050 el 30% de la población supere los 65 años, según las previsiones del INE. "Hay que adaptar el sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica", valora el economista José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Según datos del Ministerio de Seguridad Social, actualmente 9,7 millones de los más de 20,2 millones de afiliados que hay en España tienen entre 45 y 64 años. Son los 'baby boomers', una generación nacida entre 1957 y 1977, hijos de una explosión demográfica que estalló tras la Segunda Guerra Mundial y llegó a España con algo más de una década de retraso. Estos trabajadores se irán retirando progresivamente a partir del próximo año. En 2023, la edad legal de jubilación se situará en los 66 años y 4 meses, de manera que alcanzará a los nacidos en 1957. También aquellos que tengan cotizados al menos 37 años y 9 meses podrán jubilarse el próximo año al cumplir los 65 (nacidos en 1958).

Son los primeros de una generación que dejó en España 14 millones de nacimientos en 21 años, con una media de 668.276 al año, casi el doble de los 337.380 registrados en 2021. Lejos de aquellas cifras, las proyecciones demográficas del INE estiman que entre 2022 y 2036 nacerán en España en torno a 5,5 millones de niños, un 14,2% menos que en los quince años anteriores. Estos datos evidencian un inevitable envejecimiento de la población para las próximas décadas. Y es que los mayores de 65 años pasarán de representar el 20,1% de la población actual a suponer el 30,4% en 2050, momento en el que la proporción empezará a descender.

De acuerdo a las proyecciones, estos datos provocarán que en 2051 haya una tasa de dependencia de mayores de 64 años del 53,8%. Es decir, habrá dos personas de entre 16 y 64 años por cada mayor de 64, frente a las cinco personas en edad de trabajar que hay actualmente por cada pensionista y medio. Estas previsiones vaticinan una presión adicional hasta mediados de siglo sobre un sistema ya tensionado. "Los problemas los estamos encontrando ya ahora, está aumentando mucho el gasto en pensiones y todavía no se ha jubilado ningún 'baby boomer'", advierte Conde-Ruiz, que recalca la importancia del "aumento de la longevidad".

Así pues, al volumen de jubilaciones se suma el aumento de la esperanza de vida. Cada vez vivimos más años, lo cual supone cobrar la jubilación durante más tiempo, con el consecuente gasto que ello implica. A comienzos del siglo XX, cuando la edad de jubilación se fijó en los 65 años, la esperanza de vida a esa edad no llegaba a los cinco años, mientras que actualmente supera los 20 años y en 2050 llegará a los 21,99 años para los hombres y a los 25,44 para las mujeres, según las proyecciones demográficas del INE. "La longevidad no afecta solo a los 'baby boomers'", aclara el también subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Aumento de la esperanza de vida

"Los 'baby boomers' van a aumentar el gasto evidentemente, pero no es solo eso. El sistema estaba diseñado para una longevidad que ha aumentado mucho y, por lo tanto, ahora hay que adaptarlo", añade el catedrático, que advierte de que no adaptar el sistema supone asumir que "todo el margen fiscal que tiene un país vaya destinado a pagar pensiones". De momento, los presupuestos generales destinarán 190.687 millones de euros para financiar el sistema público de pensiones en 2023, una cifra que representa el 70% de los fondos destinados a gasto social. 

En base a estos cambios demográficos, las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que el gasto en pensiones aumentará progresivamente hasta representar el 14,2% del PIB en 2050, frente al 11,8% de 2023, una estimación que parece haber quedado desfasada. La última actualización, de septiembre de 2020, preveía una revalorización de las pensiones conforme a la inflación del 1,8%, muy por debajo del 2,5% de subida que se ha producido finalmente en 2022 y del 8,5% previsto para 2023. El organismo calcula que cada punto porcentual que crece la inflación se traduce en un aumento en el coste de las pensiones de 1.500 millones de euros.

La propia AIReF reconoce en sus previsiones que pueden darse escenarios más adversos que el planteado y señala como factores de riesgo elementos imprevistos como la crisis de la covid-19, el freno del mercado laboral y la reducción de los flujos migratorios. En este último aspecto, las previsiones económicas se apoyan sobre la inmigración, para mantener la población en edad de trabajar. Según las proyecciones demográficas del INE, el aumento de la población en las próximas décadas se deberá exclusivamente a la migración internacional. En 2050, los nacidos en España representarán en torno al 70% de los residentes en nuestro país, frente a más del 84% que representan en la actualidad.

Además, Conde-Ruiz recuerda que se da un "efecto sustitución", por el que las nuevas pensiones son más altas que las de los que fallecen, lo que supone "un efecto adicional sobre el gasto en pensiones". De este modo, según los datos de la Seguridad Social, en octubre se registraron 30.327 nuevas altas en pensiones por jubilación, con una cuantía media de 1.390,44 euros, mientras que el promedio de las 21.492 bajas fue de 1.152,18 euros, más de 200 euros menos.

La sostenibilidad, en juego

Ante esta situación, el catedrático se muestra convencido de que garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por impulsar la jubilación activa, alargar la edad de jubilación y fomentar una retirada gradual del mercado laboral, siempre teniendo en cuenta la "penosidad" del trabajo y la salud del trabajador. De momento, la última propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, consiste en aumentar los años de cómputo de 25 a 30 años, pudiendo elegir los 28 mejores.

Esta medida se suma a un aumento temporal de 0,6 puntos porcentuales en las cotizaciones sociales para conseguir fondos con los que financiar las pensiones de la generación del 'baby boom', mucho más numerosa que la siguiente. Se trata del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un instrumento por el que las empresas pagarán medio punto más por sus trabajadores entre 2023 y 2032 y los empleados verán subir sus cotizaciones una décima.

"Es un nuevo mundo al que nunca nos hemos enfrentado, nunca en la historia ningún país se ha enfrentado a un problema de envejecimiento como el que tenemos por delante, porque hasta ahora la longevidad era inferior", afirma Conde-Ruiz. "El sistema evidentemente se tiene que reformar, lo que está en juego ahora mismo es si se hace de una forma más justa o si se hace de una forma más drástica", concluye.