La reforma de las pensiones sigue encallada a solo tres semanas de que concluya el plazo comprometido con Bruselas

Gobierno, sindicatos y empresarios siguen lejos de alcanzar un acuerdo para cerrar la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones. El Ejecutivo y los agentes sociales han concluido este lunes una nueva sesión de la mesa de negociación con escasos avances, algo que han constatado tanto sindicatos como patronal. 

Las posturas siguen alejadas y el tiempo apremia. El Gobierno se comprometió a tener cerrada y aprobada esta segunda parte de la reforma -la más delicada, porque incluye medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, más impopulares- el 31 de diciembre. De ello depende el desembolso de 14.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación.  "El movimiento de la mesa es extremadamente lento y es difícil poder vaticinar que se vaya a poder cumplir el plazo que el Gobierno está marcando de terminar antes del 31 de diciembre", ha expresado Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social de CC OO. 

Desde Comisiones Obreras, señalan que la nueva propuesta que ha planteado el Gobierno tiene "muy pocas variaciones". Los únicos avances, en todo caso "parciales", se habrían producido en materia de brecha de género, según este sindicato. En este aspecto, los sindicatos consideran "insuficiente" la propuesta planteada para mejorar los complementos para reducir la brecha de género. Sí ven más avance en la petición sindical de reconocer como cotizados determinados periodos de laguna como excedencias o reducciones de jornada por cuidado de hijos o mayores. 

Pero aun con todo, el núcleo de la propuesta anterior del ministro de Inclusión (destopar las bases máximas y ampliar el periodo de cálculo de los 25 años actuales a 30) sigue despertando suspicacias entre las partes.

Tanto CC OO como UGT coinciden en que el destope de las bases máximas de cotización que ha planteado el Gobierno es "claramente insuficiente". Con esta medida, Escrivá pretende que los salarios más altos coticen por completo (actualmente solo pagan cotizaciones sociales los primeros 4.139 euros al mes). La idea es hacerlo de tal forma que llegados a 2050 las bases máximas hayan aumentado un 30%, a lo que habría que añadir lo que haya subido la inflación en esa fecha. Las centrales sindicales reivindican que el destope sea "absoluto" y reprochan que la subida de la pensión máxima que iría aparejada a ese destope (un 3%, según la propuesta anterior) es "escasa". 

También critican esta medida, aunque desde la óptica ideológica contraria, los empresarios. Fuentes patronales trasladan a 20minutos que las propuestas suponen tanto un recorte de derechos como un encarecimiento de los costes laborales que perjudicarán el mercado laboral". Los empresarios creen que lo que se ha puesto sobre la mesa "no permite mejorar la sostenibilidad del sistema" y critican que el Ejecutivo no haya planteado una memoria económica y de impacto de las medidas. Además, insisten en que las medidas principales que plantea el Gobierno "quedan al margen de los consensos alcanzados en el marco del Pacto de Toledo". Algo que también opinan los sindicatos.

La segunda propuesta de calado, la ampliación del periodo de cálculo para la pensión de 25 a 30 años, genera aún más disenso. Hasta el punto de que ni siquiera el propio Gobierno está de acuerdo en su posición. El ala morada del Ejecutivo lo rechaza al considerar que supone "un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación". Sobre este asunto, en Comisiones Obreras trasladan que "el Gobierno ha insistido en la propuesta" y se ha vuelto a topar con la negativa de los agentes sociales. "No está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, no nos consta que haya un apoyo parlamentario suficiente y no entendemos que, sin tener garantizadas ambas cosas, el Gobierno traiga una propuesta que no ha sido debatida en el seno de la mesa", señala Carlos Bravo.

Sin MEI ni pensiones mínimas

Más allá de los destopes y el periodo de cálculo, los sindicatos también echan en falta referencias a las pensiones mínimas o a la "mejora y refuerzo del mecanismo de equidad internacional" en la propuesta que plantea Seguridad Social. El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) es la regla con la que el Gobierno se compromete a garantizar que el sistema de pensiones es sostenible a largo plazo y es también una exigencia de Bruselas para entregar los fondos de recuperación.  ntre ellas destacan medidas como una garantía de suficiencia para la cuantía de las pensiones mínimas y pensiones no contributivas ligada al riesgo de pobreza

Para cumplir con este hito, el Ejecutivo aprobó el año pasado una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos porcentuales que estará en vigor de forma temporal entre 2023 y 2032. Los ingresos que se obtengan por este incremento se dedicarán a llenar el maltrecho Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la 'hucha de las pensiones'. Sin embargo, la fórmula por la que ha optado Seguridad Social genera suspicacias en Bruselas. El propio Escrivá reconoce que los técnicos de la Comisión Europea se inclinan más por una regla automática que por una subida de las cotizaciones durante la próxima década.