El Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe que supone un cambio de paradigma en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la lucha contra su discriminación.
En el informe, aprobado con 526 votos a favor, 10 en contra y 83 abstenciones, los eurodiputados han propuesto medidas para reinventar el marco social, jurídico y político para los derechos de las personas con discapacidad, y ayudar a erradicar los estereotipos, el capaciticismo y los conceptos erróneos.
El Parlamento ha demandado un sistema que promueva la participación social, basado en comunidades accesibles que ofrezcan los servicios y los cuidados necesarios, en consonancia con la Estrategia Europea de Discapacidad.
Los eurodiputados también han exigido que se amplíen los beneficios de la futura tarjeta de discapacidad de la UE y que su introducción sea obligatoria en todos los Estados miembros, al igual que las medidas para entornos educativos y servicios sanitarios inclusivos.
Reformar y ampliar las normas de la UE
Por otro lado, el informe considera que el acceso al mercado laboral es esencial y la Comisión debe desarrollar un marco jurídico europeo para las empresas inclusivas e iniciar la revisión de la Directiva sobre igualdad en el empleo. El texto también anima a la Comisión a actualizar la propuesta de Directiva de la UE sobre igualdad de trato, bloqueada por los Estados miembros desde 2008.
Además, el Parlamento Europeo ha acogido con satisfacción la próxima auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo sobre cómo los fondos de la UE contribuyen a garantizar la igualdad y ha instado a la Comisión a suspender o recuperar los pagos en caso de vulneración de los derechos fundamentales, destacando que ningún proyecto que conlleve segregación debería recibir fondos de la UE.
Formas complejas de discriminación y violencia
El informe destaca una especial preocupación por la "la discriminación múltiple que sufren personas con discapacidad debido, por ejemplo, a motivos de género, raza, edad, religión u orientación sexual" y apunta en concreto a la violencia de género, así como a la denegación del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la denegación del consentimiento informado sobre el uso de anticonceptivos y a la esterilización forzosa.
"Las personas con discapacidad deben poder votar y concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones", subraya el texto. "En el caso de los ciudadanos europeos que viven en otro país de la UE, la privación de su capacidad jurídica en sus Estados miembros de origen no debe necesariamente conllevar la inelegibilidad para presentarse y votar donde viven", añaden.
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