La justicia peruana aprueba procesar a Castillo por rebelión tras rechazar el Supremo el recurso de amparo del expresidente

Cientos de personas piden la liberación de Pedro Castillo en los exteriores de la base de la Policía en Lima donde se encuentra recluido el expresidente peruano.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó este martes la detención del expresidente peruano Pedro Castillo por el delito de rebelión, tras declarar infundado el recurso de apelación presentado por su defensa a un recurso de amparo rechazado por otro juzgado. El juez César San Martín leyó la resolución que rechaza la apelación de Castillo y, por lo tanto, confirmó su detención, que vence el miércoles antes de las 14.00 hora local.
Cientos de personas piden la liberación de Pedro Castillo en los exteriores de la base de la Policía en Lima donde se encuentra recluido el expresidente peruano.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó este martes la detención del expresidente peruano Pedro Castillo por el delito de rebelión, tras declarar infundado el recurso de apelación presentado por su defensa a un recurso de amparo rechazado por otro juzgado. El juez César San Martín leyó la resolución que rechaza la apelación de Castillo y, por lo tanto, confirmó su detención, que vence el miércoles antes de las 14.00 hora local.
EFE

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú aprobó este martes la formalización de la investigación preparatoria contra el expresidente del país Pedro Castillo y su ex primer ministro Aníbal Torres por el delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.

Con la decisión del juzgado, el proceso penal contra Castillo queda formalmente iniciado y la Fiscalía puede solicitar la detención preventiva para el exmandatario, dado que este miércoles vence la prisión preliminar dictada en su contra.

Precisamente, Torres, quien dijo haber pasado a la "clandestinidad", había convocado a los seguidores de Castillo a esperar este miércoles su liberación de la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el distrito limeño de Ate, en la que está recluido desde hace seis días.

La resolución del juzgado, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, precisó que Castillo será investigado como coautor de un presunto delito de rebelión y conspiración, así como autor de los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. 

En tanto, Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como coautor en los delitos de rebelión y conspiración. Sin embargo, a diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad, al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La investigación contra Castillo y Torres ha sido calificada de compleja por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

Hasta 10 años de cárcel

Este mismo martes, el juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia César San Martín rechazó la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar y señaló que, con lo planteado por la Fiscalía, el ex mandatario puede ser procesado al menos por tentativa del delito de rebelión o conspiración, cargos por los que se enfrentaría a entre 5 y 10 años de cárcel.

Durante esa audiencia, Castillo expresó, en forma remota desde la cárcel, que no ha cometido "ningún delito de conspiración ni rebelión". El expresidente añadió que está "injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón".

El exgobernante peruano también pidió a sus seguidores que lo acompañasen este miércoles, aunque en ese momento fue interrumpido por el juez San Martín, que le dijo que la audiencia no era "el espacio para este tipo de proclamas" y le pidió que solo ofrezca un alegato "desde la perspectiva jurídica sobre su defensa".

Castillo permanece en prisión preventiva desde el pasado miércoles 7 de diciembre, cuando fue detenido por su propio equipo de seguridad poco después de dirigirse a la nación para anunciar la disolución del Congreso, la instauración de un Gobierno de excepción y la convocatoria de elecciones legislativas con las que poder después poner en marcha un nuevo proceso constitucional.

Desde entonces se suceden las protestas en contra de su detención y a favor de cerrar un Congreso que desde el primer día ha maniobrado para sacarle del cargo, con un balance hasta este lunes por la noche de siete manifestantes fallecidos y un centenar de policías heridos. El nuevo Gobierno de Dina Boluarte ha hecho un llamamiento al diálogo y ha convocado un gabinete de crisis para hacer frente a la crisis.

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