La Comunidad de Madrid ha comunicado a los vecinos que tienen sus viviendas en los números 1, 3, 5, 7, 9 y 11 de la calle Pablo Olavide y del número 20 de Ventura de Argumosa --portales A-G--, en San Fernando de Henares, que derribará sus casas por las afecciones causadas por la Línea 7B de Metro en la localidad.
Así se lo ha trasladado el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso en un encuentro informativo que ha tenido con los vecinos afectados, según recogen en un comunicado enviado a los medios. Por su parte, la Consejería de Transportes e Infraestructuras que dirige David Pérez solicitará al Ayuntamiento de esta localidad madrileña la declaración de ruina legal urbanística de los inmuebles.
Mientras se espera la decisión del Consistorio, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras procederá a la redacción de los proyectos de demolición correspondientes, a su visado en el Colegio de Arquitectos y solicitará, de nuevo, la autorización al Ayuntamiento para proceder a la demolición de las viviendas en los próximos meses.
Estas familias, que fueron desalojadas el pasado mes de abril, se encuentran viviendo en apartahoteles cuyos gastos (agua, luz y calefacción) está financiando el Gobierno regional, al igual que el servicio de guardamuebles, ya que cuando se fueron de sus casas procedieron a sacar sus pertenencias. Los inmuebles están completamente vacíos.
El director general de Infraestructuras les ha detallado cómo van los trabajos de consolidación de la zona afectada, que abarcará unos 10.000 metros cuadrados de las calles Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge, con dos equipos técnicos.
Hasta la fecha, el Ejecutivo autonómico ha realizado inyecciones cuya suma en profundidad asciende a unos 5.500 metros con cerca de 950 m³ de mortero de hormigón desde que se empezó el 13 de octubre, donde trabajan cinco equipos.
En paralelo, la Consejería de Transportes e Infraestructuras también ha comentado que iniciará de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial para que puedan cobrar sus indemnizaciones en cuanto estén derribadas las casas.
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