Al menos nueve manifestantes murieron en las primeras 24 horas de aplicación del estado de emergencia nacional decretado en Perú, que entró en vigor este jueves, en unas protestas que suman ya 17 fallecidos desde el domingo, y en las que se exige la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente.
El Ministerio de Salud de Perú confirmó que nueve manifestantes fallecieron este jueves en varios puntos del país, siete de ellos en el departamento sureño de Ayacucho, y dos en el departamento de La Libertad, en el norte.
Los disturbios más fuertes de este jueves se dieron precisamente en Ayacucho, donde grupos de manifestantes invadieron el aeropuerto, lo que provocó la actuación de las Fuerzas Armadas, con un saldo de siete fallecidos y 52 heridos.
Las autoridades no dieron detalles de las circunstancias de los dos fallecidos reportados en La Libertad.
Estas nueve nuevas víctimas mortales se suman a los seis fallecidos en el departamento sureño de Apurímac, a una víctima mortal en Arequipa, y a otro fallecido en La Libertad, desde que las protestas se recrudecieron este domingo en varios puntos del país.
Hasta el momento, no se han proporcionado las identificaciones de todas las víctimas, pero al menos dos de estas eran menores de edad.
"¡Ni una muerte más! Demandamos investigación y sanción de los crímenes en Ayacucho. Un pueblo castigado por la violencia. Exigimos cese de la intervención militar y responsabilizamos d estos crímenes a las más altas autoridades políticas del país", escribió en Twitter la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La organización denunció este miércoles que la repuesta de las fuerzas policiales frente a las protestas que se vienen dando en los últimos días en el país, "queda claramente fuera del marco normativo nacional e internacional".
Toque de queda nocturno
El Gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para tratar de controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra.
Este jueves, el Ejecutivo ordenó asimismo un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos. La restricción del movimiento regirá durante al menos cinco días, según el decreto publicado este jueves en el diario oficial El Peruano.
"Durante la inmovilización social obligatoria [toque de queda], las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público", indica el decreto.
Además, se exceptúa al personal sanitario, de recogida de residuos y saneamiento, transporte, delivery, telecomunicaciones y otras actividades fundamentales. Las farmacias y boticas podrán continuar con su actividad durante el toque de queda de acuerdo con el decreto publicado.
Del mismo modo, está permitido el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente por encontrarse en grave riesgo su vida o salud".
Las provincias afectadas
El sureño departamento de Cuzco es la región que tiene mayor número de provincias (cuatro) bajo la inmovilización social obligatoria, con toque de queda desde las 20.00 horas hasta las 04.00 horas en Cuzco, La Convención, Chumbivilcas y el Espinar.
Los departamentos de Huancavelica e Ica, en el centro del país, y Puno y Apurímac, en el sur de Perú, tienen cada uno dos provincias bajo el toque de queda.
Las provincias Andahuaylas y Chincheros, en Apurímac, donde suman seis muertos desde el inicio de las protestas, tendrán restringido el movimiento desde las 18.00, por lo que al igual que la provincia de Virú, en el norteño departamento de La Libertad, serán los puntos donde inicie más pronto el toque queda.
También estarán bajo toque de queda las provincias de Cangallo, en el departamento de Ayacucho, y Arequipa, donde se encuentra la segunda ciudad del país.
Despliege militar y policial en Lima
Miles de agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y de efectivos de las Fuerzas Armadas se desplegaron en el centro de Lima este jueves para evitar incidentes durante las manifestaciones convocadas en el centro de la capital.
Las fuerzas del orden, que superaban en número a los manifestantes, marcharon paralelamente a la protesta hacia la Plaza de San Martín, en el casco histórico de Lima, según pudo constatar Efe. Según informaciones de la Policía, entre los agentes convocados había unos 1.500 cadetes de la escuela de Policía.
Los pocos centenares de manifestantes concentrados en el centro de la ciudad exigieron el cese de la presidenta, Dina Boluarte, a la que hacen responsable de las muertes ocurridas durante las protestas, entre gritos de "Dina traidora" y "¡Dina asesina!".
Además de la destitución de Boluarte, los manifestantes exigen el cierre del Congreso, el adelanto inmediato de elecciones y la creación de una Asamblea Constituyente.
En el primer día oficial tras la declaración del estado de emergencia en todo Perú, las Fuerzas Armadas salieron a las calles de la capital, al igual que en otros puntos estratégicos del país, con carros blindados para mantener el "orden interno".
Más de una semana de protestas
Las manifestaciones comenzaron tímidamente el 7 de diciembre, después de que el Congreso destituyera al expresidente Pedro Castillo, horas después de que este determinara disolver el Parlamento, anunciara que iba a conformar un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, reorganizar el sistema de justicia y convocar una asamblea constituyente, lo que fue calificado mayoritariamente como un golpe de Estado.
El domingo comenzaron a multiplicarse las protestas especialmente en las regiones sureñas de Apurímac, Arequipa o Cuzco.
Este jueves entró en vigor el estado de emergencia decretado por el Gobierno y se registraron numerosas manifestaciones, la mayoría pacíficas, en las capitales de provincia del país, acompañadas de un fuerte resguardo policial reforzado con la presencia de las Fuerzas Armadas.
Todas estas marchas, a la que asisten integrantes de sindicatos, campesinos, organizaciones civiles y ciudadanos agrupados, se desarrollaron bajo una fuerte presencia policial.
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