Las comunidades desoyen la petición del Gobierno y rechazan organizar el teletrabajo de sus funcionarios para ahorrar energía

Auditorías para conocer el consumo de sus edificios y cómo reducirlo, revisión de luminarias de los edificios públicos y cambio por luces LED, placas solares en las cubiertas, calefacción a 19 grados o apagado de luces en salas que no se utilicen... Estas son algunas de las medidas de ahorro energético que las comunidades han presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica, en planes en los que, sin embargo, hay una llamativa ausencia. Solo una de ellas incluye algo que podría ser similar a replicar para sus empleados públicos algo parecido y de forma muy limitada el plan de teletrabajo que el Gobierno central ha puesto en marcha en sus ministerios, donde el personal a quien sus tareas se lo permite trabaja en casa dos o tres días a la semana, como medida de ahorro energético.

Nada de esto se indica entre las medidas para reducir el consumo de energía y, con ello, el gasto en electricidad que el ministerio pidió hace meses a los gobiernos autonómicos. Dos meses después de ponerse en marcha, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, hizo hace unos días un balance del cumplimiento de las 71 medidas que contiene el plan de ahorro del Gobierno central -Plan + SE-. Una de las 41 que ya se cumplen es la recepción en el ministerio por parte de cada una de las 17 comunidades de su plan de ahorro energético.

Los gobiernos han enviado sus planes de ahorro al ministerio sin un formato estandarizado y con evidentes diferencias en el grado de exhaustividad. Desde el documento detallado de medidas, acciones concretas para llevarlas a cabo y coste o beneficio de cada una de ellas que ha presentado Andalucía, a copias de los boletines oficiales de la Comunidad Valenciana o de Castilla y León, pasando por meras enumeraciones de objetivos como el documento que remitió la Comunidad de Madrid. 

Lo que tienen en común es que ninguna replica el plan que durante semanas llevó de cabeza a las subsecretarías de los ministerios, para identificar los puestos de trabajo cuyos titulares sí podrían trabajar desde casa dos o tres días a la semana y determinar qué días serían en cada caso, para aprovechar mejor el cierre de plantas o el apagado de calderas de calefacción. Como mucho se hace referencia a la futura ley de teletrabajo, en elaboración tanto por parte del Gobierno central y en algunas comunidades para regular cuándo los trabajadores -de la administración pública o del sector privado- pueden acogerse a esta modalidad.

Pero esta ley se aplicará en un contexto de "normalidad", distinto a la excepcionalidad que hace dos años creó la Covid, que fue un ensayo general que en comunidades como. Canarias se ha "perpetuado" en algunos casos, y este año la crisis energética, que llevó de nuevo al Gobierno central a mandar a casa algunos días a parte de sus empleados públicos, a quienes sus puestos y funciones se lo permitieran dentro de una plantilla de 516.400 personas. Transición Ecológica pidió a comunidades que también lo hicieran pero no ha tenido éxito en plantillas más extensas. De más de 1,6 millones de personas, entre las que se encuentran médicos o profesores.

"Dicen que mientras que se publica esa ley [de teletrabajo] se sigue con el sistema de teletrabajo no presencial" que se puso en pie de forma extraordinaria por la Covid y que ha decaído prácticamente en su totalidad, dice Javier Martínez, secretario de Empleo en la Administración General del Estado de CCOO, que recuerda que no son medidas iguales, porque el teletrabajo contempla unos derechos laborales que no prevé el trabajo no presencial.

Aragón, 94 personas

El plan de ahorro de Aragón es el único que contempla un compromiso más concreto de "establecer el teletrabajo obligatorio y simultáneo en algunas jornadas a la semana", "a partir de medio día y teletrabajar por las tardes" y así poder cerrar los edificios públicos a partir de entonces. Detalla que en estos momentos hay 94 personas en modalidad de teletrabajo de toda la plantilla de empleados públicos autonómicos, formada por 54.230 personas, según el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda de 2021. 

El gobierno aragonés asegura que se han autorizado el 100% de las solicitudes de teletrabajo -las 94 por tanto- y que se han ido aprobado a lo largo de todo 2022, lo que, sin embargo, no tiene obligatoriamente que responder al objetivo de ahorrar energía. Gobierno central y sindicatos aprobaron el plan de teletrabajo de los funcionaros por la crisis energética en mayo y no se empezó a aplicar hasta a partir de finales de septiembre. Menos en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones donde trabajadores y sindicatos llevan meses denunciando el desinterés por aplicar el teletrabajo como medida de ahorro. El departamento de José Luis Escrivá no hizo una propuesta hasta hace unos días, que se queda corta con respecto al resto. En lugar de dos o tres días, Inclusión quiere que teletrabajen un día a la semana y que tenga que estar presente al menos el 25% de cada unidad. UGT, CCOO  y CSIF rechazan una propuesta que creen que "se pasa por el forro la normativa" y trata de "reservarse el trabajo a distancia para los niveles superiores".

A la espera del teletrabajo para conciliar

Fuera del Gobierno central y de manera más difusa, Extremadura, Canarias, País Vasco y Asturias también mencionan el teletrabajo en sus planes de ahorro de energía, pero, salvo casos residuales por el régimen extraordinario debido a la Covid, no se aplica todavía. Estas autonomías se encuentran a la espera de regular el teletrabajo en situaciones de normalidad que, de nuevo, no tiene que ver con el ahorro energético, aunque algunas aprovecharán para mencionarlo entre los objetivos.

"Se está esperando a que se apruebe le decreto que incluya, además de la conciliación, el ahorro energético", explican fuentes del Principado de Asturias sobre una ley que se pactó hace meses con los sindicatos, como también hizo el Gobierno central y otras comunidades, ajenos entonces a la necesidad de recortar el consumo de electricidad.

Tampoco está operativo el teletrabajo entre los empleados públicos de Canarias, dicen en fuentes del gobierno de las islas, que también ultima un decreto para regular el teletrabajo por motivos de conciliación, en circunstancias normales. Sí queda de forma residual el teletrabajo por la Covid, que hace que los funcionarios que puedan trabajen desde casa un día a la semana pero, de nuevo, no es el plan como el que pusieron en marcha los ministerios hace unos meses.

El País Vasco se plantea que sus funcionarios puedan teletrabajar en el futuro dos días a la semana. En Murcia recuerdan que "con la pandemia hubo un proyecto piloto" de teletrabajo para los funcionarios a quienes sus tareas permitiera trabajar en casa, pero que después "se desactivó mucho".

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