Confieso que sé muy poco derecho, es decir casi nada. Lo único que aprendí ya de pequeño es que la Justicia es uno de los tres poderes del Estado. Y que debe ser independiente. Eso no lo estudié de pequeño porque la Dictadura no daba para tanto, pero lo fui metabolizando con el correr de los tiempos y, en la actualidad, ya he llegado a la conclusión personal de que la independencia de la Justicia es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos que igual derogan leyes que cambian sus artículos para que a la hora de aplicarlas en audiencias y juzgados se acomoden mejor a los intereses personales o partidarios de quienes los promueven o aprueban.

Por eso me tomo el atrevimiento de abusar de mi nula autoridad en la materia para expresar por escrito que lo que está ocurriendo en los tejemanajes en torno al problema -dicho en argot popular porque dudo que merezca ser descrito como negociaciones-, me parece lamentable. Lamentable e increíble porque no puedo entender que personas, o mejor diré personalidades, que conozco, que sé que son cultas y serias, que sobre otras cuestiones opinan razonablemente bien, no sean capaces de hablar como hacen tantos ciudadanos para resolver este asunto que tanto nos afecta a todos.

No hay que desdeñar el daño que esta situación crea en el ámbito internacional

Y si no son capaces de resolverlo, que abandonen para que otros, quizás más hábiles, lo arreglen. Es lamentable el daño que la reyerta que se trasluce de la confusión causa a la credibilidad que la Justicia necesita -¿qué pensarán algunos acusados en espera de sentencia?-, sin desdeñar el descrédito que esta situación crea en el ámbito internacional. Alguien lo ha equiparado a lo que ocurre en Polonia, donde la sombra de Kaczynski destierra a los administradores de Justicia a la condición de mandados.