Producen tanta vergüenza los discursos que escuchamos en el Congreso la semana pasada que a veces el silencio expresa mejor la indignación que cualquier otra cosa. Sin embargo, la obligación de los que tenemos la fortuna de opinar es denunciar el juego tan peligroso que algunos se traen entre manos. Cuando la dinámica política se polariza de tal modo que ambos bandos se acusan mutuamente de estar perpetrando un golpe de Estado urge una llamada a la serenidad. En un momento así, tenemos que hacer un esfuerzo por objetivar los hechos y distanciarnos de nuestro sesgo ideológico. 

De entrada, lo que no tiene justificación alguna es que el CGPJ esté sin renovar desde hace cuatro años, y aquí las culpas son mayormente del PP, que lo ha bloqueado de forma deliberada. Además, ese bloqueo repercute en el TC porque el Gobierno de los jueces hace meses que debía proponer el nombre de dos magistrados para el alto tribunal. Y si hasta ahora no lo ha hecho es porque las peleas entre el sector conservador y el progresista, oportunamente politizadas, han impedido que hubiera el consenso necesario para su nombramiento.

Ahora bien, en democracia las formas conforman y la manera en que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere modificar dos leyes orgánicas que rigen los nombramientos para el TC, aprovechando la modificación del Código Penal, es una chapuza. Añadir en el último momento enmiendas que nada tienen que ver con el objeto original lesiona derechos parlamentarios y tiene visos de ser anticonstitucional. Si a ello añadimos que en el paquete van la supresión del delito de sedición y la vomitiva rebaja de la malversación para complacer a ERC, los frentes de la disputa se unen en uno solo y el ruido es ensordecedor. 

Ahora bien, tan facultado está el TC para limitar la actividad parlamentaria y detener la ley, como pide el PP, como legitimado está el Congreso para cambiar la forma en la que se eligen los magistrados del TC. Lo primero acarrearía una crisis institucional de enorme magnitud, pero en absoluto sería un "golpe de Estado con togas" como dice la izquierda. Y en cuanto a lo segundo, es la respuesta de una mayoría democrática de diputados a un bloqueo de la derecha que ahoga nuestros órganos constitucionales.

Las recusaciones de dos magistrados del Constitucional, clave para el futuro de la reforma judicial del Gobierno

Esperemos que hoy la crisis institucional no se envenene más, esperemos que mañana el CGPJ finalmente elija, en un pleno convocado a ese fin, a sus dos candidatos para el TC, de manera que, junto a los dos ya propuestos por el Gobierno, se pueda efectuar la renovación de un tercio del tribunal de garantías. De ser así, la situación quedaría resuelta, se pondría fin a este juego tan peligroso, repleto de gruesas descalificaciones, y poco importaría lo que se votase el jueves en el Senado.