El Gobierno acatará la decisión del Tribunal Constitucional que suspende la iniciativa del Ejecutivo para forzar su renovación pese a que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que es un movimiento que no está permitido por la ley. Asimismo, la mano derecha de Sánchez en el Consejo de Ministros ha acusado al PP de querer "controlar" al Parlamento "cuando tiene mayoría y cuando no", aunque no ha concretado ninguna solución alternativa ni ha detallado cuál será el siguiente paso que dará el Gobierno, toda vez que el Alto Tribunal todavía cuenta con cuatro magistrados cuyo mandato finalizó el pasado verano.

El ministro ha comparecido desde el Palacio de la Moncloa alrededor de las doce de la noche de este martes. En una declaración institucional sin preguntas, Bolaños ha querido aclarar nada más empezar que el Gobierno cumplirá con lo decidido por el TC, que estudiará el recurso de amparo que presentó el PP para frenar la reforma y atenderá a las medidas cautelarísimas reclamadas por este partido y Vox suspendiendo de inmediato la votación de las enmiendas, que se aprobaron la pasada semana en el Congreso e iban a votarse esta semana en el Senado. En ningún momento estaba en duda que el Ejecutivo no fuera a acatar la decisión, pese a que Unidas Podemos lo había planteado. 

Dicho esto, Bolaños ha adoptado un tono crítico con un gesto muy serio, al hilo del mostrado por los miembros del Gobierno en las últimas jornadas, para señalar que se trata de una decisión "insólita" por haber sido tomada en un tiempo "inusualmente breve" y con la mayoría "más exigua", pues se ha impuesto la tesis de los seis magistrados conservadores -incluidos los dos que tienen el mandato caducado y que se hubieran visto afectados por la reforma del Ejecutivo- frente a los cinco progresistas.

El ministro ha detallado los dos motivos por los que el Gobierno cree que lo ocurrido es de "una gravedad máxima". Bolaños ha recordado que lo dictado el lunes por el Constitucional "no ha sucedido nunca en los últimos 44 años", ni en España ni en "ningún país europeo", puesto que se ha detenido la acción legislativa "de los representantes legítimos del pueblo español", algo que no está previsto por la ley. "La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales", ha insistido el titular de Presidencia, que ha señalado que esa facultad "existía" pero se derogó en 1985, "precisamente para evitar que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos, lo que ha ocurrido hoy".

Bolaños también ha recordado que el Constitucional ha "paralizado" su propia renovación, pendiente desde hace seis meses. "Y lo han hecho algunos magistrados que, con su voto, han decidido su propio futuro", ha dicho en referencia al presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, a quien los grupos que conforman la coalición, PSOE y Unidas Podemos, habían tratado de apartar con sendas peticiones de recusación, que no han sido atendidas.

La mano derecha de Sánchez en el Consejo de Ministros también ha señalado directamente al PP, principal partido de la oposición y artífice del recurso, a quien ha acusado de "querer controlar" el Parlamento "cuando tiene mayoría y cuando no". Cabe recordar que la composición actual del Constitucional responde a lo fijado por el PP cuando tenía mayoría absoluta (2011-2015). En este sentido, ha asegurado que se ha "abierto esa puerta" que "no sabemos a dónde conducirá", para dar a continuación la clave del asunto, pues el Constitucional todavía debe decidir si tumba o no las leyes estrella del Gobierno. "El principal partido de la oposición ha recurrido siempre ante el Tribunal Constitucional todos los avances de la sociedad española: lo hizo con la ley del aborto, la ley de igualdad, la ley de matrimonio igualitario, la ley de eutanasia o la reforma laboral", ha concluido antes de asegurar que "la democracia y la Constitución siempre se abrirán camino a pesar de las dificultades".