El PP registra una reforma de la ley del 'solo sí es sí' que endurece las penas mínimas para los delitos sexuales

El Partido Popular ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la ley del 'solo sí es sí' y endurecer las penas mínimas para delincuentes sexuales. La norma, impulsada a raíz del goteo de más de un centenar de rebajas de condenas de los últimos dos meses, recupera las horquillas de penas anteriores a la iniciativa del Ministerio de Igualdad e introduce una serie de cambios que atañen a los menores de entre 16 y 18 años. 

"El PP busca ser útil a la sociedad y corregir lo que todavía estamos a tiempo mientras el Gobierno no hace nada", ha defendido la portavoz popular, Cuca Gamarra. Los de Alberto Núñez Feijóo ya habían manifestado su intención de impulsar la reforma de una de las leyes estrella de Irene Montero, pero la complejidad jurídica que ello conlleva ha retrasado este escenario unas semanas más de lo previsto. 

En la proposición de ley, el PP sostiene que, "sea de forma intencionada o no", la entrada en vigor el pasado 7 de octubre de la ley de libertad sexual -conocida como ley del 'solo sí es sí'- ha conllevado revisión a la baja de las penas de muchos condenados por delitos sexuales, en virtud  de la aplicación retroactiva de la norma más favorable al reo.

Y es que la norma eliminó la distinción que antes se hacía entre abuso y agresión sexual, lo que conllevó a una ampliación de las horquillas de penas y, por consiguiente, a una disminución de las condenas más bajas. Los ya excarcelados y delincuentes que se han visto beneficiados con la ley no verán sus penas revisadas precisamente por ese principio, pero los populares aspiran con esta reforma a "evitar que quien cometa una agresión en el futuro, se beneficie de una norma penal más benevolente para el agresor".

Así, en la iniciativa que ahora tendrá que ser negociada con los grupos, proponen elevar las penas para establecerlas en los límites correspondientes de antes de la entrada en vigor de la ley de libertad sexual. No tocan, sin embargo, una de las almas de la ley: la redefinición del concepto de "consentimiento sexual", pues consideran que impulsar una modificación de esto "supondría dilatar la urgente necesidad de solución de esta situación". 

Penas más duras si hay violencia o intimidación

El texto modifica el artículo 178 del Código Penal, que actualmente recoge penas de uno a cuatro años para los delitos de agresión sexual, y añade un cuarto punto especificando que, si dicha agresión se comete empleando violencia o intimidación, se elevará la pena de uno a cinco años de prisión. La ley de Igualdad sí que incluyó en el punto dos de este artículo una especificidad para los casos en los que concurra una "situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima", pero el PP considera que los menores de edad no quedan protegidos con ello, especialmente los mayores de 16 años, ya que desde esa edad ya existe el consentimiento sexual.

Reforma también el artículo 179, que contempla penas de cuatro a doce años cuando la agresión consista en "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías". Concretamente, los populares añaden un segundo punto para aclarar que si dicha agresión se comete, de nuevo, empleando la violencia o intimidación, los castigos serían de entre seis y doce años. 

En esa línea, el PP modifica los artículos 180 y 181 para recuperar la agresión sexual por engaño o abuso de confianza o autoridad para menores de entre 16 y 18 años. Sostienen los de Feijóo que con la ley, esta conducta ha quedado "destipificada" del Código Penal, "dejando fuera del ámbito de protección a los adolescentes frente a estas conductas cometidas por adultos". 

De este modo, en el artículo 181, elevan las penas para quien agreda a un menor de 16 años mediante acceso carnal: de la horquilla de seis a doce años que está ahora vigente, a una pena de ocho a doce años de prisión; que además podrá elevarse a una condena de doce a quince años (ahora está de 10 a 15) si se ha producido mediante abuso de superioridad con violencia o intimidación.

Asimismo, la iniciativa recoge una modificación de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores para evitar que los menores de edad que cometan delitos de agresión sexual "se vean perjudicados en la aplicación de las medidas de seguridad que, en su caso, les correspondan, en comparación con las penas aplicables a los adultos". Impulsan este cambio desde el PP ante lo que califican de una "evidente quiebra del principio proporcionalidad que debe ser corregida".