Sánchez cede tras el apoyo de Bruselas al Constitucional y presentará su reforma judicial al Congreso por una vía ordinaria

Malas noticias para el presidente Pedro Sánchez a escasas horas de reunirse en Rabat con el rey de Marruecos, Mohamed VI. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley para ratificar su "apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental" y afear a la parte socialista del Gobierno su cambio "unilateral" de posición sobre el conflicto.
Pedro Sánchez
Malas noticias para el presidente Pedro Sánchez a escasas horas de reunirse en Rabat con el rey de Marruecos, Mohamed VI. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley para ratificar su "apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental" y afear a la parte socialista del Gobierno su cambio "unilateral" de posición sobre el conflicto.
El Gobierno tiene intención de registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Tribunal Constitucional
Europa Press

La "paciencia" y la "serenidad" proclamada por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, esta mañana ha durado pocas horas. El PSOE ha anunciado que presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con las mismas enmiendas que dejó en suspenso el Tribunal Constitucional (TC) para forzar su renovación, pues todavía cuenta en sus filas con cuatro magistrados cuyo mandato caducó el pasado verano. El Ejecutivo activa así su plan B tras el golpe del órgano de garantías a su primera opción y después del aviso de la Comisión Europea, que ha alertado de que este tipo de cambios no pueden plantearse de forma unilateral.

Así lo confirman fuentes parlamentarias socialistas, que explican que es "probable" que la proposición se registre esta misma semana, siendo el jueves el día con más posibilidades. Las mismas fuentes explican que el contenido de dicha iniciativa incluirá el texto de las dos enmiendas que ha tumbado el Constitucional: una que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial rebajando las mayorías necesarias en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a magistrados del Constitucional -no se exigirá un apoyo de tres quintos de los vocales del CGPJ, sino que será por mayoría simple-, y otra que elimina la potestad del TC de dar el plácet de idoneidad a los nuevos magistrados. 

La incógnita ahora son los plazos. No serán tan rápidos como los pretendidos por el Ejecutivo con la reforma tumbada por el Constitucional, pero sí será una reforma exprés. Las fuentes consultadas explican que, si bien no creen que se haga por lectura única, sí se pedirá que se haga por vía de urgencia, un 'truco' parlamentario que reduce a la mitad los tiempos

Además, también podría declararse hábil en el Congreso el mes de enero, un periodo en el que habitualmente el Parlamento no tiene actividad. La reforma que presentará el PSOE va en la línea de lo que le habían pedido sus socios de investidura, con los que ya está teniendo conversaciones. De hecho, Más País ya presentó el lunes una proposición para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Las fuentes socialistas también descartan que el Gobierno active otro de los posibles escenarios que estaba encima de la mesa: la rebaja de las mayorías parlamentarias para renovar el CGPJ. En la rueda de prensa de este martes posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez no había descartado este escenario, aunque otras fuentes ya señalaban que lo más lógico era optar por la proposición de ley.

Con todo, el rápido anuncio del PSOE contrasta con las llamadas a la calma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había rechazado horas antes desvelar sus planes. Lo que sí había avanzado el jefe del Ejecutivo era que el Gobierno acataba la decisión "sin precedentes en democracia" adoptada por "la mayoría conservadora" del Tribunal Constitucional y que, a su vez, iba a llevar a cabo "cuantas medidas sean precisas" para poner fin al bloqueo del CGPJ perpetrado por el Partido Popular.

En este sentido, el presidente fue muy duro contra el principal partido de la oposición, pues fijó el "origen" de la decisión "inédita" del Constitucional de "paralizar la acción de las Cortes Generales en un asunto que afecta a su propia renovación" en el "bloqueo" del PP a la renovación de los órganos constitucionales. "Los ciudadanos han visto distintas declaraciones del Gobierno para renovar los órganos", señaló antes de acusar a los populares de "arrojar distintas excusas y de reflejar su propósito de mantener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas".

También la ministra de Justicia, Pilar Llop, fue contundente contra el PP, a quien acusó de "secuestrar al CGPJ y las instituciones democráticas". "Él mismo [Alberto Núñez Feijóo] ha reconocido que no va a renovar el órgano de gobierno de los jueces", lanzó la titular de Justicia en rueda de prensa, en la que aseguró que el Gobierno "no va a dejar pasar ni un solo día" sin denunciar dicho bloqueo. Tras descartar hacer autocrítica, señaló que "si se hubiera renovado a tiempo el CGPJ, no estaríamos en esta situación".

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