Los presupuestos de Barcelona incluyen un Plan de Choque de 100 millones centrados en vivienda y lucha contra la crisis inflacionista

El presupuesto del Ajuntament de Barcelona que se aprobará definitivamente mañana, establece un Plan de Choque Social y Económico de 100 millones euros, fruto del acuerdo logrado entre el grupo municipal de ERC y el gobierno municipal. El documento indica que "la situación actual, con la inflación desbocada después de una rápida recuperación de la crisis econòmica y social" provocada por el Covid, "tiene un impacto importante sobre la economía de las familias, autónomos y pymes". Esquerra Republicana afirma en el documento del acuerdo que "apostamos por un conjunto de propuestas para hacer que el presupuesto 2023 del Ajuntament de Barcelona sea lo más útil posible  para hacer frente a esta situación".

Las propuestas de ERC que ha aceptado el gobierno municipal con el denominado Plan de Choque Social y Económico, empiezan por destinar 15 millones de euros a aumentar el Fondo de Infancia para familias en situación de vulnerabilidad. Otros 5 millones de euros se asignarán a ayudas para los clubes deportivos y las entidades culturales que gestionan equipamientos de proximidad.

Emergencia habitacional

La emergencia habitacional es uno de los puntos preferentes en este plan de choque, que prevé la adquisición de viviendas para reducir la lista de espera en la mesa de emergencia. También se establecen ayudas para apoyar a las familias que tienen dificultades para asumir el incremento de los costes asociados a la vivienda. Asimismo, se amplía en 4,3 millones de euros la partida para alojamientos de emergencia en casos de desahucio, pérdida de vivienda, infravivienda y otras situaciones. Finalmente, una dotación mayor, de 30 millones de euros, se asigna a la compra de edificios o solares para la promoción de vivienda pública.

El empleo también tiene su capítulo en estas propuestas, y se consignan 6 millones de euros a desarrollar y poner en marcha Políticas Activas de Empleo, como planes de empleo, programas de formación-empleo y ayudas a la contratación. También se apuesta por establecer ayudas a personas autónomas.

Dependencia

En el campo de la dependencia, se asigna 1,3 millones de euros a un plan de choque específico para atender y tramitar durante 18 meses los expedientes acumulados durante la pandemia. La atención a las personas mayores tiene su apartado especial, con la ampliación del presupuesto del Servicio de Atención Urgente a la Vejez, SAUV, en 2,6 millones de euros. Este servicio se utiliza para garantizar el ingreso de urgencia de una persona mayor cuando está esperando plaza residencial y ya no puede quedarse en el domicilio.

Por otra parte, se amplía en 3,6 millones de euros los servicios residenciales de personas mayores, centros de día y viviendas tuteladas.

Subida de precios

El Plan de Choque Social y Económico, incluye diferentes medidas encaminadas también a paliar diferentes situaciones derivadas de la crisis inflacionista. Un primer punto es el incremento en 1,5 millones de euros la dotación inicial de ayudas a las familias por el impacto de la subida de precios en la cesta de la compra.

Además, se destinan 1,8 millones de euros para el canguro municipal gratuito para familias vulnerables, especialmente madres monomarentales, desplegado en el plan de barrios, y hacer frente así a tareas de cuidado y formación de los hijos.

Otros aspectos

Destacan también entre todas estas cifras los 3,5 millones de euros destinados a la expropiación de la finca de Can Reig para ubicar un Hogar-Residencia de personas con discapacidad intelectual y otros equipamientos, así como el incremento de 800.000 euros en el teléfono de atención al suicidio. Se reservan 9 millones de euros para el año 2025, lo que permitirá finalizar la construcción del Nuevo Centro de Acogida de Animales de Compañía.

Otras medidas de carácter social que se han incluido en este plan adjunto a los presupuestos son 4 millones de euros para poder ejecutar las iniciativas previstas en el Compromís Besòs-Maresme, así como dotaciones específicas para servicios de información y atención a mujeres por violencia machista, o respaldo a problemas de inmigración y refugio.