La guerra volvió a Europa en 2022 y, con ella, una crisis energética que de momento ha sorteado el riesgo de apagones y desabastecimiento pero que ha obligado a la UE a poner coto al consumo de gas y de electricidad. Es una de las muchas decisiones extraordinarias y de emergencia que se han tomado este año para aplacar el alto coste de la energía sobre hogares, negocios e industrias. No sin fuertes resistencias, la UE ha ido derribando sus propios tabúes, ha apostado por la intervención en el mercado libre y obligado a gobiernos y empresas energéticas a actuar de forma concertada. A estas últimas, también a contribuir por sus beneficios extraordinarios. El límite del precio del gas ha sido el último episodio de la guerra de la UE contra el desafío energético de Vladimir Putin.

La reacción europea empezó siendo tímida, pasó por momentos de impasse y otros de enfrentamiento y terminó a mitad de diciembre con la traca final que supone el límite al precio del gas, el máximo de 180 euros MWh que los países de la UE están dispuestos a pagar. Puede que no tenga que activarse nunca, pero llega después de que la UE ha reforzado su unión energética con medidas que atan en corto al mercado. Con ellas, la UE ha conseguido 'salvar' este invierno. Pero se prepara ya para hacer acopio para el siguiente, el de 2023-2024, al que llegará con los tanques de gas desgastados por la actual temporada invernal.

Reservas y recortes

La primera medida surgió en marzo, cuando la Comisión Europea planteó que había que empezar a prepararse para este invierno, dada la estrategia ya evidente de Putin de intentar alterar el mercado del gas y sus amenazas de cortar el grifo a Europa. En junio, la UE se autoimpuso la obligación de tener al menos el 80% de sus almacenes llenos de gas para finales de octubre, algo que superó, con más del 90%.

En marzo -aunque no se empezó a aplicar hasta junio- la embestida diplomática de España y Portugal logró algo impensable, intervenir el precio de la electricidad limitando el precio del gas que se utiliza para generarla. La conocida 'excepción ibérica" -o "mecanismo ibérico"- fue un primer ensayo para corregir uno de los elementos del sistema eléctrico europeo, que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pasó en apenas semanas de afirmar que había funcionado correctamente a anunciar una "intervención de emergencia". Desde su puesta en práctica, el mecanismo ibérico ha dado como resultado una electricidad más barata en la Península y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calculó este martes un ahorro de "más de 4.000 millones" y "un ahorro medio anual de 150 euros en la factura de la electricidad en cada hogar" durante una rueda de prensa de balance del 2022, en el que las cuestiones pactadas en Bruselas tuvieron un peso importante.  

Llegado el verano, Putin seguía haciendo cortes de gas indiscriminados y continuaba sin disiparse el riesgo de desabastecimiento en invierno. Por eso, en julio, la Comisión conminó a los gobiernos a apretarse el cinturón y, además de hacer acopio de gas, empezar a recortar el consumo. Así se acordó en septiembre. Bajo el nombre de "Ahorrar gas para un invierno seguro" subyacía un plan de eventual racionamiento si la situación se complicaba tanto como para activar en la UE un estado de emergencia. Entonces, sería obligatorio que todos los países recortaran en un 15% su consumo de gas -en España, entre un 7 u 8%-. De momento sigue siendo voluntario porque no se ha llegado a esa situación.

A este compromiso se sumó otro para recortar el consumo de electricidad, que llegó en septiembre y que obliga a los países a un ahorro del 5%. Así lo acordaron a finales de ese mes, cuando empezó a verse nítidamente que las medidas ya en pie seguían sin ser suficientes. El 30 de septiembre se acordó quizá una de las más 'radicales' para una UE cimentada sobre el libre mercado, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios -'caídos del cielo'- de las empresas energéticas. La Comisión se negó a llamarlo "impuesto", pero ese día los Veinticinco convinieron en grabar "al menos" el 33% de las ganancias extra de gasistas y petroleras. Para las eléctricas, se acordó minorar sus beneficios, de modo que no pudieran cobrar más de 180 euros/MWh por electricidad generada con renovables.

Precio del gas

Para entonces, una mayoría de países, con España a la cabeza, empezó a manifestar que todas esas medidas eran cosméticas si la UE no actuaba frente a la verdadera madre del cordero, el precio del gas. La Comisión se resistió durante meses, respaldada por Alemania, hasta que en diciembre llegó el acuerdo para poner un tope en 180 euros/MWh.

Además se decidió que los operadores energéticos -sector privado- tienen que  comprar en conjunto al menos el 15% del gas necesario para volver a llenar los depósitos de cara al invierno que viene y los gobiernos estarán obligados -con las empresas de energía - a salir en auxilio de otros países si quedan desabastecidos.

Renovables y nuevos socios

También se desbloqueó una decisión que tiene mucho que ver con la segunda 'pata' de las políticas de la UE en materia de energía en 2022, para aumentar la electricidad de fuente renovable. 

El año que viene los gobiernos que lo deseen -el de España, no- podrán rebajar controles y trámites para autorizar parques eólicos y fotovoltaicos. Será extraordinario y temporal hasta que esté lista la directiva europea que formalizará este acortamiento de los plazos previstos. La UE acordó este año ampliar de 40 a 45% la presencia de renovables para 2030 y duplicar la capacidad solar fotovoltaica de aquí a 2025.

2022 también se caracterizó por la búsqueda de nuevos proveedores. La Comisión Europea en nombre de los Veinticinco y prácticamente cada gobierno por su cuenta no escatimaron en viajes, recibimientos y mensajes de hermandad con todo tipo de países productores de gas y potenciales importadores. Desde Estados Unidos, convertido en potencia exportadora de gas natural licuado a la UE, hasta países tan controvertidos como Qatar, nuevo "socio de confianza" para la UE a pesar de las violaciones de derechos humanos que martillearon durante el Mundial de Fútbol y del escándalo de supuestos sobornos que, ya en el tiempo de descuento del año, sacudió el Parlamento Europeo.

Referente en la UE y contradicciones internas

España ha tenido un papel protagonista en buena parte de estas medidas. Su despliegue diplomático de primavera logró la 'excepción ibérica'; fue pionera e hizo campaña en Bruselas por el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, hasta el punto de que el gravamen español va más allá y también se aplicará a los bancos. En la segunda mitad del año se fajó para que la UE accediera a fijar un precio máximo al gas. "A diferencia de lo que sucedió en la crisis financiera de hace una década, las batallas que no se dieron entonces se están librando en Europa y además, se ganan", afirmó Sánchez este viernes en la presentación de un sexto paquete de medidas que en total suman ya un valor de 45.000 millones de euros.

Pero no todo han sido batallas ganadas. El Gobierno también ha tenido que traspasar sus propias líneas rojas en casa. La gravedad de la crisis y el malestar creciente por el alza de precios obligaron al Gobierno a olvidarse de sus reticencias a cargar a las arcas públicas el coste de la crisis. En junio aprobó la rebaja del IVA de la electricidad, del 21 al 5%, y en septiembre, idéntica para el gas. 

También en detrimento de los ingresos públicos, en marzo empezó a subvencionar una parte de la gasolina y diésel con el descuento de 20 céntimos por litro, de los que 15 los aporta el Estado y los cinco restantes, como mínimo, las petroleras. La medida llegó como agua de mayo sobre todo en su primera prórroga, a las puertas de un verano en el que el precio del combustible se disparó especialmente. Pero fue controvertida desde el principio porque era universal. Es decir, se aplicaba por igual a todos los conductores, independientemente de su nivel de renta o de la necesidad de utilizar el vehículo, aunque ya no será así a partir del 1 de enero, cuando solo se beneficiarán del descuento los sectores del transporte, de la agricultura, la pesca y las navieras.

Los usuarios frecuentes de transporte público urbano y de trenes de cercanías y media distancia vieron rebajado a la mitad o directamente gratuitos estos trayectos. Entró en vigor en agosto y que se prorrogará en 2023, el Gobierno central se hizo cargo del descuento del 100% y del 30% en abonos transporte de autobús, metro y el resto y otro 20%, las comunidades.

El auge de la TUR 

También en España, la crisis energética dio la vuelta a la tendencia a pasar del mercado regulado al libre en suministros de gas y electricidad. No en la factura de la luz, porque hubo más cambios hacia el mercado libre que al regulado, aunque a final del año y con el mecanismo ibérico en pleno funcionamiento la tarifa PVPC volvió a ser más asequible. Sí en el gas, donde los consumidores cambiaron mayoritariamente a la tarifa regulada, la TUR. Después del verano, las comercializadoras se vieron superadas por la avalancha de peticiones de cambio, coincidiendo con la creación de una tarifa regulada más, destinada a las comunidades de vecinos con calefacción central.

La ampliación de los beneficiarios del bono social de electricidad y del bono térmico y la creación de un nuevo bono eléctrico para hogares trabajadores con dificultades para pagar las facturas completan las medidas desplegadas por el Gobierno para acompañar a los consumidores más vulnerables -los tradicionales y otros nuevos por esta crisis- a capear el encarecimiento de la energía.