Ribera niega la prórroga a los alcaldes para restringir el tráfico antes de 2023 pero estudiará caso por caso el retraso generalizado

Una de cal y otra de arena. A cuatro días de que termine el año, este martes se han materializado los avisos de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de que no concedería la prórroga que pedían los alcaldes de las ciudades más pobladas para crear "antes de 2023" zonas de bajas emisiones (ZBE), donde el tráfico quede restringido a vehículos menos contaminantes. Sin embargo, ante el incumplimiento generalizado de esta medida por la mayor parte de las 149 ciudades de más de 50.000 habitantes afectadas por ella, Ribera optará por una actitud conciliadora y estudiará caso por caso con cada ayuntamiento afectados los motivos del retraso.

Con las elecciones municipales de mayo a la vista, la delimitación de zonas de tráfico restringido en los municipios más grandes, con multas incluidas, se ha convertido en una cuestión sensible para muchos alcaldes. De la misma forma, Ribera, que hasta ahora no ha tenido miramientos en recordar a los alcaldes que el tiempo se acababa, que no daría una prórroga y que habían tenido tiempo más que suficiente, envaina ahora la espada y estudiará con ellos cada caso concreto antes de plantearse medidas más drásticas, como un expediente administrativo o, en el último extremo, acudir a los tribunales, algo que ni siquiera se verbaliza como posibilidad en el Ministerio. De hecho, ni siquiera la ley de la que forma parte la obligación de crear zonas de tráfico restringido -la Ley de Cambio Climático- contempla qué ocurre en caso de incumplimiento. De acuerdo con un comunicado de este martes del Ministerio de Transición Ecológica, el "régimen sancionador aplicable" remite "a la normativa de tráfico a estos efectos".

De momento, Transición Ecológica estudiará cada caso concreto y los motivos que han llevado a cada ayuntamiento a retrasarse en la delimitación de una zona de bajas emisiones y ver cuándo puede crearse.

Decreto u ordenanza

Esta es la consecuencia que tendrá para las ciudades que han incumplido la Ley de Cambio Climático por lo que respecta a terminar el año con restricciones al tráfico al estilo 'Madrid 360' o la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. De los 149 municipios con más de 50.000 habitantes que tenían que hacerlo, solo han cumplido el plazo de "antes de 2023" una quincena. A estas últimas, Transición Ecológica les dará 18 meses para adaptar sus proyectos de zonas de bajas emisiones a las disposiciones del real decreto que el Gobierno ha aprobado este martes para definir los objetivos que tendrán que plasmar los alcaldes en sus proyectos sobre calidad del aire y reducción de contaminación o para mitigar el cambio climático, por ejemplo de reducción de la circulación de coches a motor en el centro de las ciudades.

El Gobierno ha aprobado este real decreto apenas cuatro días antes de que termine 2022 y expire con él el plazo en el que las 149 ciudades tenían que tener en pie zonas de bajas emisiones. Es precisamente la ley que los alcaldes han reclamado durante meses como paso previo para elaborar sus reglamentos y ordenanzas, para tener certeza de estar haciéndolo conforme a la ley y no arriesgarse a impugnaciones ante los tribunales como las  que se vieron en su momento en Madrid o Barcelona. El Gobierno mantenía -y mantiene- que con la Ley de Cambio Climático de mayo de 2021 y las directrices que se publicaron en noviembre de aquel año era suficiente, aunque este martes afirma que "los requisitos mínimos" que deben cumplir las ZBE que se plasman en su decreto aportarán "seguridad jurídica a particulares y empresas mediante una legislación homogénea en todo el territorio nacional".

En todo caso, la mayoría de las ciudades afectadas se encuentra todavía haciendo los estudios previos o el reglamento que deberá desembocar en una ordenanza municipal que ponga en pie las zonas de bajas emisiones. "Si se aprueba, será después del verano", dicen en el Ayuntamiento de Girona. "Estimamos que se podrá en marcha esta área restringida al tráfico en el segundo semestre del año próximo 2023", añaden desde el de Albacete, en lo que es la tónica general en los municipios afectados.

El retraso es generalizado pero Ribera opta por la negociación, a pesar de que este martes su Ministerio ha dejado claro de nuevo que los alcaldes han tenido tiempo más que suficiente. Recuerda que se ha proporcionado un plazo de más de 18 meses desde que se aprobó la ley y un año desde las directrices, además desde la consulta pública que se llevó a cabo en febrero de 2019.